En mi vida profesional he tenido el privilegio —y a veces la carga— de atravesar experiencias que bien podrían pertenecer a una novela de Sherlock Holmes, aunque escrita por un protagonista recién graduado, aún ingenuo frente a las sombras del poder. Fue en ese tránsito donde germinó la idea de participar en la política partidista, en los años inmediatamente posteriores a la invasión.
Viví los estertores del régimen militar y las cicatrices abiertas del periodo que siguió al golpe de Estado de 1968. Fui testigo de la primera legislatura de la naciente democracia, del entusiasmo inicial que acompañó a su primer presidente y, casi de inmediato, de la fractura de la Alianza, apenas un año después de haber asumido el poder. Desde el primer día, la esperanza y la desilusión caminaron juntas.
Tuve también el honor de presenciar el nombramiento de mi padre como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y su posterior sucesión en el periodo postinvasión, una etapa marcada por la reconstrucción institucional y por las tensiones silenciosas propias de todo relevo de poder.
Recuerdo que, antes y después de aquellos acontecimientos, mi padre repetía siempre el mismo consejo, como una advertencia forjada en la experiencia: hay que cuidarse de los políticos, no solo cuando buscan el poder, sino, sobre todo, cuando ya lo han alcanzado.
La invasión a Panamá, en diciembre de 1989, vuelve una y otra vez a mi memoria, acompañada de la ilusión —entonces intacta— de vivir en un país verdaderamente libre y democrático, donde se respetara la voluntad popular expresada en las urnas. Aquella intervención significó, sin duda, la salida de los militares del poder; sin embargo, no trajo consigo el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Por el contrario, con el paso del tiempo, estas se han ido debilitando, erosionadas por el escaso interés ciudadano en la política y, en particular, en el acto esencial de votar y elegir, un ejercicio que se repite cada cinco años más por inercia que por convicción.
Como bien advertía el maestro José Dolores Moscote, sin reformas profundas a la administración pública no lograremos consolidar un país próspero, pese a contar con condiciones excepcionales: una población reducida, un Canal interoceánico que sirve de puente del mundo y —como se ha dicho desde siempre— corazón del universo. Ayer como hoy, antes y después, Panamá sigue enfrentando el mismo dilema: la distancia entre su enorme potencial y la persistente fragilidad de sus instituciones.
El autor es abogado.
