Desde el 2010, cuando se seleccionó a Catar como país anfitrión del Mundial 2022, la atención de activistas, periodistas y organizaciones de derechos humanos, se postraron sobre la FIFA y Catar. ¿Por qué? Más allá del controvertido proceso de selección, empañado por escándalos de corrupción y sobornos, el Emirato muestra una evolución paupérrima en su política de respeto y protección de derechos humanos, máxime, aquellos dirigidos a las mujeres, población LGBTQ+, migrantes trabajadores y libertad de expresión.
Para contextualizar, las mujeres en Catar son consideradas población de segunda categoría, sin autonomía ni independencia; subordinadas a la tutela masculina (de su padre, esposo, o cualquier miembro masculino de su familia) para tomar decisiones tales como casarse, estudiar en el extranjero, trabajar e incluso, recibir asistencia médica sexual y reproductiva.
Como ya es sabido por los fanáticos del fútbol, en Catar las relaciones extramaritales son penadas con prisión de 7 años. Por tanto, las mujeres víctimas de abuso sexual tienden a ocultarlo, puesto que la denuncia de una violación puede ser razón suficiente para perseguirla y enjuiciarla. Diversos reportes en materia de derechos humanos informan que las mujeres en Catar deben presentar certificado de matrimonio para poder acceder a pruebas médicas para detectar enfermedades de transmisión sexual, a métodos anticonceptivos y que no le es permitido a una mujer negarse a tener relaciones sexuales con su esposo, sin una legítima razón.
Si bien puedo continuar narrando las prácticas discriminatorias contra las mujeres, no podemos dejar de mencionar la persecución contra los miembros de la comunidad LGTBQ+, ya que, en Catar, además de la sanción mencionada en el párrafo anterior, también se castiga con prisión de 1 a 3 años por “instigar” a otro hombre a cometer actos de sodomía e inmoralidad. Personas son vigiladas y detenidas arbitrariamente por las autoridades, golpeadas, acosadas y sometidas a “terapias de conversión” cuando se tiene la “sospecha” que están involucradas en prácticas homosexuales. Esta situación no ha sido motivo de vergüenza para las autoridades cataríes, incluso Khalid Salman, el embajador de Catar para el mundial, ha declarado públicamente que la homosexualidad es producto de “daño cerebral”.
Finalmente, considero necesario abarcar lo que más atención ha captado en los últimos meses: las miserables condiciones laborales a las que son sometidos, sin derecho a reclamación o compensación, la fuerza laboral.
Cuando Catar fue seleccionado como anfitrión del Mundial, no era un secreto que carecían de la infraestructura necesaria para sostener un evento de tal magnitud, tampoco era desconocido que los migrantes trabajadores carecían de derechos y condiciones laborales aptas y seguras. Aún así, poco o nada hizo la FIFA para exigirle a Catar evitar la explotación de personas que, guiadas por la necesidad, se trasladaron a Catar: pagando cargos ilegales de reclutamiento, en muchos casos, sin la posibilidad de cambiar de trabajo, manifestarse, o reclamar en caso de no pago de sus prestaciones labores y sin ningún tipo de posibilidad de solicitar un remedio adecuado, para ellos o sus familiares que le sobreviven, en caso de accidentes y muertes.
Nada de lo anterior impidió que Catar fuera seleccionado como anfitrión del mundial, y tampoco pretendo que detenga a los fanáticos de disfrutar esta fiesta deportiva. Sin embargo, considero que es una oportunidad de oro para reflexionar sobre la importancia de los valores democráticos y evidenciar las violaciones de derechos humanos que muchos daban por extinguidas.
La autora es miembro de la Fundación Libertad
