Cuando escucho o leo que Panamá tiene hoy un crecimiento acelerado, sólidos dividendos del Canal y que somos una de las historias más sobresalientes en el crecimiento económico de América Latina, no me sorprende. Y hasta me parece absurdo utilizar estas realidades como medida de consuelo gubernamental. No dudo de que José Raúl Mulino es el presidente que heredó el peor Panamá posinvasión.
Laurentino Cortizo y su ministro del MEF, el peor de su ineficiente gabinete, no sabían dónde andaba tabla o no les importaba un comino. El deterioro fiscal entre 2019 y 2024, con la pandemia como vil excusa, duplicó la deuda del país durante ese nefasto quinquenio. Adicionemos el cierre abrupto de la mina en 2023 frente a un fallo de inconstitucionalidad y la incapacidad de aquel gobierno de iniciar un verdadero e inmediato proceso de cuido y gestión segura, ya sea para cerrarla o para reabrirla.
Ahora, regresando al presente y a pesar del limitado capital político del actual presidente, aunque su popularidad es mínima, resulta que su gobernanza es sólida, con una muy limitada intranquilidad o pocos levantamientos callejeros, lo cual es positivo. Producto, tal vez, de su entereza y actitud ante los temerarios sindicatos de la construcción e imprudentes gremios educativos.
Pero tenemos que empezar a ser más objetivos y realistas, entendiendo que el crecimiento económico y los dividendos del Canal no pueden seguir siendo parte de un falso cuento de hadas. Peor aún cuando variables como el “Hub” de las Américas, el centro financiero y los rascacielos forman parte de una ecuación que nos debería tener muy cerca del primer mundo desde hace mucho tiempo. Pero resulta que el modelo o, tal vez, la práctica institucional panameña se agotó, es decir, no da para más. Convertidos en el país de los subsidios abundantes, aumentos automáticos, incentivos tributarios, planillas abultadas, consultorías innecesarias, salarios equiparados, contingentes inflados, viáticos descontrolados, seguros excesivos, desorden gubernativo (créditos fiscales, auxilios económicos, contrataciones deficientes), jubilaciones especiales, subvenciones municipales, sobresueldos absurdos, prioridades invertidas y clientelismo agobiante, millones de millones se desvían en nuestras propias narices, al punto de que no ha habido forma de detener el creciente endeudamiento o impedir el continuo déficit fiscal. Y si a esto le añadimos la impunidad procesal, la administración opaca, las autoridades dóciles, la asamblea glotona, la corrupción generalizada y la justicia ineficaz, se crea la tormenta perfecta para que el ciudadano deje de creer, perdiendo la confianza en el gobernante. En conclusión, la disciplina fiscal relacionada con una verdadera contención del gasto público no existe.
Panamá no deja de ser una de las economías más dinámicas de la región. Lo que no es seguro es que se pueda lograr esa necesaria consolidación fiscal, sobre todo en la manera como se fijan los sueldos, sobresueldos, viáticos, dietas, contingentes, etc. en el sector público. De esto no se ha mejorado un ápice, todo lo contrario, lo que impedirá tener la sostenibilidad para mantener lo poco de grado de inversión que nos queda. El déficit fiscal es fundamental para estabilizar la deuda y es claro que, en los dos últimos años, se ha reducido el riesgo país y el costo de financiamiento. Pero esto de nada servirá mientras el ahorro corriente continúe en terreno negativo por miedo al costo político. Entonces el Gobierno le echa mano a la extraordinaria corrección fiscal, de las mejores en América Latina, pero insuficiente con respecto al ingreso esperado, ante una recaudación continua por debajo de lo presupuestado cada año.
Me gratifica que nuestras finanzas estén más saludables, pero, al mismo tiempo, nuestro nivel de deuda sigue muy elevado en relación con nuestra realidad prepandemia. Se refleja, además, una disminución de la inversión extranjera directa y un aumento del desempleo, hoy en dos dígitos. Y la deuda se acrecentará mientras se sigan extendiendo en el tiempo las decisiones que se deben tomar a través de reformas que no se concretan para cerrar las permanentes goteras económicas, porque, de continuar estas, la disciplina fiscal tendrá un límite que nos llevará de la actual perspectiva negativa a la pérdida del grado de inversión. Pérdida que se atrasaría con la próxima decisión de abrir la mina, lo que se aprobaría antes de fin de año, sin ninguna duda, al menos razonable, dada la necesidad y urgencia del Gobierno y del país en este asunto.
Y si bien es cierto que factores como el empleo, la justicia y la educación son primordiales, las decisiones inmediatas que dependen de la voluntad política para ejercer la austeridad y la eficiencia en el Estado no pueden esperar. Sobre todo porque son las más públicas y miden de forma inmediata el comportamiento de un Gobierno y el resultado de una gestión, que, al día de hoy, demuestran un descontento generalizado que no se justifica con decir que continuamos beneficiándonos del Canal, que seguimos creciendo económicamente, que se mantiene la gobernanza o que se reabrirá la mina.
El autor es abogado.
