Cuando Panamá estaba bajo el machete de Manuel Antonio Noriega, a finales de los años 80 del siglo pasado, y afectado el dictador por procesos judiciales de narcotráfico en Estados Unidos, la comunidad internacional exigía que fuésemos los panameños quienes resolviéramos nuestro profundo dilema institucional. La propia Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual formamos parte, expediría tibios comunicados para que, en Panamá, los defensores del dictador y sus víctimas se sentaran en igualdad de condiciones para llegar a un acuerdo político satisfactorio.
Lamentablemente esto nunca se iba a dar y por supuesto no se dio, porque Noriega jamás aceptaría el triunfo legítimo y abrumador de Guillermo Endara en las elecciones de mayo de 1989. Recordemos que al dictador lo mantenían las armas de sus Fuerzas de Defensa (mismas que le fueron facilitadas por su otrora jefe en la CIA, el tío Sam), frente a un pueblo indefenso. Era el poder de la palabra contra el filo de la bayoneta. Y ante una comunidad internacional, pero sobre todo regional, tan apática frente a los desmanes y crímenes de gobernantes ilegítimos, Panamá sufrió la fatídica invasión con todas sus consecuencias, que no hace falta recordar ahora.
Hoy tenemos la aparente analogía de que un exgobernante panameño y figura pública de gran relieve acaba de ser señalado oficialmente por el Departamento de Estado de Estados Unidos como “corrupto”. Se trata esta vez de una decisión administrativa de carácter político del coloso del norte (porque no viene de la esfera judicial), que no tenemos por qué aplaudir ni vanagloriarnos, simplemente por razón de que representaría un golpe electoral a las aspiraciones presidenciales del individuo denunciado. Pero nos debe llamar la atención de que algo muy grave sucede todavía en el sistema de justicia panameño.
Respecto a la similitud de las situaciones entre el fenecido tirano y el desmedido expresidente, los momentos y coyunturas son muy diferentes. En 1989, Panamá estaba bajo el yugo de un déspota, cuya fuerza bruta sometía al ciudadano al miedo permanente de sufrir la disminución de sus derechos humanos. Hoy no estamos ante acciones de fuerza o sometimiento físico. Estamos frente a la inacción, la ineficacia, la ineptitud y la incapacidad de un sistema de justicia que parece estar todavía, muy lejos de funcionar al mínimo de lo aceptable.
Tanto así que, para muchos, simplemente “no sirve”. Justicia incompetente cuyos cómplices primarios son el Ejecutivo y la Asamblea, al no otorgarle recursos y, además, utilizar el aparente soborno frente al cruzado juzgamiento entre diputados y magistrados. Un empate técnico que parece permitirle a aquellos casi que delinquir a manos llenas, frente a una Corte babieca y sometida a la “prueba idónea” para dejar a los legisladores actuar a sus ansias.
Da vergüenza que sea otro Estado, no importa su tamaño ni envergadura, el que por momentos pareciera que reemplaza a nuestro inservible sistema judicial, a pesar de tratarse de decisiones y sometimientos geopolíticos. Porque a pesar de ese interés disimulado de Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, y no por actuaciones de sus tribunales de justicia, todo apunta a que el susodicho expresidente panameño fue públicamente delatado como partícipe o beneficiario por sus propios hijos, en los delitos que estos confesaran y por los cuales fueron condenados por el imperio norteño. La justicia panameña, por consiguiente, no puede seguir dando tumbos, los cuales son endosados desde las altas esferas magisteriales en la propia Corte Suprema, con fallos flojos y endebles que refuerzan la impunidad.
Y con algunos ejemplos recientes (como la causa penal que no admitió la Corte por la supuesta comisión de un delito contra la administración pública, que favorece a un diputado del Parlamento Centroamericano y actual secretario general del PRD), el panorama no luce halagador. El tiempo se alarga, las prescripciones se acortan y las decisiones se ablandan.
En Panamá, el delincuente poderoso se ríe, porque sabe que el gobernante lo esconde, el diputado lo cuida y el magistrado lo absuelve. Mismo malhechor que al ponerte plata en el bolsillo, te la sacó del otro. Y tan extensa es la ineficacia de la justicia panameña, reemplazada por acusaciones administrativas extranjeras contra nuestros corruptos (ni siquiera penales), que los dineros que nos robaron en las propias narices de las autoridades locales, se los quedó el tío Sam.
El autor es abogado
