Recientemente algunas personas han salido a hacer comparaciones sobre los efectos de los fallos de la Corte respecto a los contratos ley de Panama Ports Company con el de Cobre Panamá, quejándose de que a esta última el Ejecutivo le esté dando trato preferencial al no haberla sacado de la mina inmediatamente, lo cual, a mi juicio, es un error.
No es adecuado hacer comparaciones simplistas entre concesiones que se otorgaron bajo realidades técnicas, contractuales, ambientales y regulatorias distintas.
Antes de que se privatizaran, el Estado contaba con 22 años de experiencia acumulada en la administración de puertos con la antigua Autoridad Portuaria. La situación no es comparable con la minería, mucho menos con una mina del tamaño de la ubicada en Donoso.
La insistencia en insinuar que la única solución posible debe ser un cierre abrupto de operaciones, ya sea mineras o portuarias, sin tomar en cuenta sus consecuencias equivale a tomar decisiones con el “hígado”, sin empatía y de forma irresponsable.
Peor aún, es desconocer que el objetivo principal del Estado en circunstancias como estas siempre debe ser, además de cumplir con el fallo de la Corte, procurar que se afecten lo menos posible el empleo y la estabilidad económica del país.
Pareciera que algunos no han dimensionado el efecto negativo que tuvo el cierre abrupto de la mina, que ha llevado el desempleo a sus niveles más altos en más de 20 años, o el profundo déficit en los ingresos públicos que contribuyó a la pérdida del grado de inversión.
Así como los puertos seguirán abiertos y operando durante la transición posterior al fallo, algo similar debió haber ocurrido con la mina.
Esto habría evitado la pérdida de aproximadamente el 75% de las exportaciones y la ansiedad social que se vive por la desaparición de tantos empleos.
Hoy resulta más que evidente que la decisión de cerrar la mina fue profundamente perjudicial. Tampoco fue una decisión jurídica, pues la Corte declaró la inconstitucionalidad del contrato, no el cierre inmediato de las operaciones.
Fue una decisión política —o, más precisamente, politiquera— para intentar complacer a las gradas en un periodo preelectoral, y hoy el pueblo panameño está pagando las consecuencias de esa decisión.
En esta ocasión el gobierno no improvisó, pues tenía un plan de acción: se cumplió con el fallo sin aniquilar los empleos portuarios. Ese es el camino que se está siguiendo ahora con la mina.
Lejos de entrar en pánico como ocurrió durante la administración del presidente Laurentino Cortizo, hoy vemos al presidente José Raúl Mulino actuar sin improvisaciones, con planificación clara, buscando continuidad, recuperación económica y, sobre todo, la recuperación de los empleos perdidos.
El autor es abogado y expresidente de la Cámara de Comercio.
