Desde la última entrega sobre este tema, publicada el 25 de noviembre de 2025, escribimos sobre la doctrina Monroe y su relanzamiento con la llegada de Trump al poder. Sin embargo, tras la captura del dictador Maduro a principios de 2026, el presidente Trump la apodó oficialmente “doctrina Donroe”.
Lo sucedido en Venezuela lo habíamos anticipado en la versión VI de Un istmo entre dos grandes intereses, cuando señalamos el acantonamiento de una fuerza naval del Pentágono cerca de las costas de Caracas. No obstante, nunca sopesamos que el resultado sería no solo el secuestro de Nicolás Maduro y la sumisión de su gobierno, sino también la toma de los pozos petroleros venezolanos, sin que Trump mencionara en su discurso triunfalista el retorno de la democracia tras 25 años de dictadura.
La sumisión del gobierno de la señora Rodríguez ante las autoridades norteamericanas ha sido interpretada por algunos como un retorno a la vieja política —ahora geopolítica— del “big stick” o garrote de nuestro aliado.
Hoy, tras el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró ilegal el contrato con CK Hutchison, el gobierno panameño, a través de la Autoridad Marítima de Panamá, toma posesión de ambos puertos en las riberas del Canal. Después de 29 años de concesión, se le despoja de los derechos obtenidos bajo un contrato ley que data de 1997 y que, según el fallo de diciembre de 2025, operaba en condiciones inconstitucionales.
La pregunta que surge es por qué la Corte Suprema tardó 29 años en invalidar ese contrato ley. ¿Cómo pasó desapercibido con el beneplácito de seis gobiernos, seis legislaturas y seis Cortes Supremas? Existe la percepción de que, de no haber mediado la presión geopolítica de Estados Unidos sobre el gobierno de Mulino para retirar a una empresa china de los puertos por razones estratégicas y geoeconómicas, la situación se habría prolongado.
Esto invita a una comparación con la Corte Suprema de Estados Unidos, que en apenas tres meses y medio emitió una decisión sobre la política arancelaria del gobierno de Trump, reflejando un sistema de contrapesos más ágil. En Panamá, en cambio, la demora de casi tres décadas alimenta sospechas de corrupción transversal que habría tocado varias administraciones, comenzando —según esta lectura— con el gobierno de Mireya Moscoso, cuando se introdujo la figura de la “equiparación”, que permitió la firma de un contrato ley desfavorable para el país.
El resultado actual es que el gobierno de Mulino firmará un acuerdo temporal con dos operadores portuarios de talla mundial —APM Terminals (Maersk) y MSC— para administrar los puertos por 18 meses, hasta la convocatoria de una licitación pública.
Aunque muchos panameños no siguen de cerca el tema, el impacto de esta decisión es crucial para el futuro de la economía nacional. Panamá podría dar un salto significativo en el manejo de carga contenerizada y en su posicionamiento global. Panama Ports movilizaba aproximadamente el 38% de los contenedores que transitaban por puertos panameños, equivalentes a 9.5 millones de TEUs. Aprovechar nuestra ventaja comparativa —la posición geográfica— abre nuevas oportunidades, pero también nuevos desafíos.
China seguirá siendo un cliente relevante para los puertos panameños. Aún se desconoce la respuesta de Pekín y las consecuencias de esta movida, que representa una medición de fuerzas cuyos efectos podrían superar la capacidad de maniobra del gobierno panameño.
Si se produce un desacoplamiento económico con la República Popular China por presiones de Estados Unidos, habrá afectaciones a la economía nacional. Y si la tensión entre ambas potencias se intensifica, Panamá inevitablemente se verá impactada.
No olvidemos que el primer buque portacontenedores que cruzó el Canal ampliado recién inaugurado pertenecía a la naviera china COSCO. China será, eventualmente, uno de los principales clientes de los puertos panameños y del Canal. Es una realidad geoeconómica con la que tendremos que convivir si aspiramos a mantenernos como actor clave del comercio global.
El autor es exbanquero.
