La libertad, como la mayoría de los derechos civiles fundamentales de los ciudadanos, está limitada cuando entra en conflicto con otros derechos o con intereses jurídicos esenciales para la buena convivencia y el desarrollo de una sociedad. En el caso particular del derecho a la libertad, este se asocia estrictamente con la ciudadanía plena, lo que significa que se alcanza en su totalidad al cumplir la mayoría de edad o al producirse la emancipación del individuo. En este sentido, los menores no pueden ser considerados ciudadanos plenos hasta alcanzar la mayoría de edad, lo que implica que no tienen la capacidad para ejercer todos los derechos de un adulto. Pero ¿por qué?
La respuesta se basa en la presunción legal de que los menores todavía están en proceso de desarrollo físico, mental y emocional, y es por ello que están bajo la tutela de padres o cuidadores hasta que alcancen la madurez necesaria para ser responsables de tomar sus propias decisiones.
Parafraseando a Aza Raskin, citado por la ministra de Comunicaciones y Deportes, Anika Shay Wells, las redes sociales son “cocaína conductual”, y se han convertido en un arma de doble filo para las sociedades modernas. No cabe duda de que las redes sociales nos han permitido conectarnos con otras partes del mundo, aprender y explorar más allá de nuestras fronteras sin necesidad de salir de ellas; pero estas también han puesto en riesgo el bienestar, la educación y el sano desarrollo de la juventud. En una etapa en la que la formación de la identidad y la consolidación de la cultura de los individuos están tomando forma, los desbalances y desórdenes que presentan las redes sociales dejan de ser una expresión de libertad y conexión, puesto que deliberadamente han sido creadas para resultar adictivas para los usuarios. Y, como cualquier droga, tabaco, bebida alcohólica o acto que requiera la toma de responsabilidad por parte de una persona, su uso debería estar reservado a quienes sean mayores de edad o se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos y obligaciones.
En esta línea, Australia busca crear una tutela digital que permita a los menores crecer sin la adicción de tener que regresar una y otra vez a la arena de contenido ilimitado y sin propósito que se presenta constantemente en las redes sociales. En países como Finlandia se han implementado medidas similares, como la prohibición de dispositivos móviles en las escuelas o la inclusión de la asignatura de “Literatura Digital” para aprender a diferenciar entre información sesgada o falsa y hechos.
El precio que paga una sociedad carente de pensamiento crítico y sentido común es la falta de innovación, una menor productividad y gobiernos incapaces e ineptos. Esto significa no solo que esta medida pretenda asegurar la madurez necesaria para entender las implicaciones del uso de redes sociales, sino que también supone el fortalecimiento de la autonomía de los jóvenes: una autonomía progresiva que les ayude a incrementar su capacidad para tomar las decisiones que consideren más correctas, sin la influencia de algoritmos diseñados para mantenerlos adictos a contenido vacío y sin propósito.
Adicionalmente, los daños colaterales en la autopercepción de muchos adolescentes, los problemas de salud mental, la autoestima y el deterioro de valores e ideales fundamentales para el ser humano son temas que darían para otro artículo sobre las problemáticas derivadas del uso irresponsable de estas plataformas.
Sí, la medida de prohibir las redes sociales a menores de 16 años en Australia presenta un conflicto entre la libertad, los derechos y la necesidad de proteger a los jóvenes y a la sociedad en general. Por un lado, la libertad personal, la libre expresión y el acceso a la información son fundamentales, puesto que los jóvenes deben aprender a formar sus opiniones y a ser parte activa de una sociedad, incluido el entorno digital. No obstante, es un hecho que la juventud no tiene la suficiente madurez para comprender los peligros e impactos que las redes sociales tienen sobre ellos, especialmente cuando viven en unidades sociales fragmentadas, comunidades en riesgo social o pertenecen a sistemas educativos con múltiples falencias.
Las sociedades deben adoptar medidas de protección que restrinjan ciertas libertades hasta que los individuos alcancen una edad en la que puedan hacerse responsables de sus actos; por ende, la libertad de los menores se ve limitada en función de su bienestar y del resultado de su infancia y adolescencia. El derecho a la libertad, por consiguiente, no es un derecho absoluto, pero sí uno esencial y que debe ser ampliamente protegido, cuyos límites deben estar previstos únicamente en la ley y aplicarse con respeto a la dignidad humana. Estas previsiones deben ser proporcionales, es decir, necesarias, adecuadas y no arbitrarias.
El autor es internacionalista.
