En los últimos días hemos sido testigos de un hecho que afecta gravemente el Estado de derecho en Panamá: el gobierno ha permitido que un sindicato bananero, junto con otros grupos que lo respaldan, cierre calles y bloquee carreteras sin consecuencia legal alguna, vulnerando el derecho constitucional a la libre circulación y dejando a la ciudadanía a merced de una minoría organizada. Este acto no solo constituye una omisión intolerable del deber de gobernar, sino también una renuncia tácita a los principios que sostienen la legalidad democrática.
El derecho a la circulación, consagrado en el artículo 27 de nuestra Constitución, no es un mero privilegio con límites imprecisos, en el que no se sabe dónde empieza una cosa y dónde termina la otra: es una garantía individual que permite a cada persona desplazarse libremente dentro del territorio nacional. Cuando el Estado consiente pasivamente en su violación, abre la puerta a una anarquía selectiva, en la que unos pocos imponen su voluntad al resto sin contrapeso ni sanción.
No estamos aquí ante una protesta espontánea, sino planeada; ni frente a ciudadanos desesperados que agotan los recursos legales disponibles. Se trata de una agrupación sindical con poder estructurado y respaldo político, que ha tomado como rehén a toda una provincia para negociar con base en la fuerza lo que no logra mediante el diálogo ni la legalidad. Que el gobierno permita —o peor aún, pacte con— este tipo de medidas equivale a ceder el control de su función esencial: garantizar el orden público dentro del marco de la ley.
Una democracia no puede funcionar si el cumplimiento de la ley depende del poder de presión del infractor. Tolerar que un sindicato bloquee carreteras sin consecuencias judiciales, mientras otros panameños deben cumplir rigurosamente con sus deberes, equivale a establecer una ciudadanía de dos niveles: unos con inmunidad callejera y otros con sujeción absoluta.
Es cierto que la protesta es un derecho fundamental. El artículo 38 de la Constitución lo garantiza, pero con una condición clave: debe ejercerse “sin armas” y “sin alterar el orden público”. No hay derecho alguno que ampare impedir a otros ir al trabajo, al hospital o a la escuela. No puede haber justificación moral ni legal para el uso sistemático de bloqueos como forma de chantaje colectivo. Protestar no es sinónimo de sabotear.
El gobierno panameño debe asumir su responsabilidad institucional. La autoridad que no actúa frente al quebrantamiento del orden público no solo pierde su legitimidad, sino que se convierte en cómplice por omisión. No hay neutralidad posible cuando se trata de garantizar derechos fundamentales. O se hace valer la ley para todos, o el país caerá en un estado de excepción informal donde el más fuerte impone su ley de facto.
Panamá necesita gobernantes que no teman ejercer la autoridad legítima. Tolerar abusos como los actuales, en nombre de una malentendida paz social, es sembrar la semilla de futuros estallidos aún más difíciles de contener. La justicia social no puede construirse sobre el atropello de derechos ajenos.
El Estado debe rectificar. Aplicar la ley no es represión: es justicia. Defender el derecho a circular no es un capricho exclusivo ni un privilegio, sino un acto de defensa de la dignidad de cada panameño que madruga para trabajar, estudiar o vivir en paz. Ceder ante el chantaje de unos pocos es perder el control del país.
Es hora de gobernar, no de ceder.
El autor es exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.
