En un mundo donde las dinámicas económicas globales se desarrollan a un ritmo vertiginoso, la participación de empresas transnacionales en la economía de los países ha alcanzado niveles sin precedentes.
En nuestra carta magna, se encuentra consagrada la prohibición de que el Estado exonere los impuestos municipales; cosa que rara vez ocurre; cuando se trata de trasnacionales; tenemos como ejemplo el MIT, Panama Ports y el Ferrocarril, son 3 casos concretos en donde el Estado panameño ha violentado la autonomía fiscal de los municipios de Panamá y Colón.
Exonerar a las transnacionales de los impuestos municipales, o incluso debilitar los derechos fiscales locales, no solo vulnera esta autonomía, sino que también pone en peligro la estabilidad económica de los municipios, que son la base de la vida comunitaria y el desarrollo local.
Los municipios, como entidades autónomas poseen un derecho fundamental a gestionar sus propios recursos financieros. Esta autonomía fiscal les permite definir sus políticas de ingresos y egresos, adaptadas a las necesidades locales. La capacidad de los municipios para cobrar impuestos sobre actividades comerciales, como los que se generan en puertos o zonas industriales, es esencial para financiar proyectos públicos que impactan directamente en el bienestar de sus ciudadanos: desde la infraestructura básica, hasta los servicios de salud y educación. Si este derecho se ve limitado por la exoneración fiscal a favor de grandes corporaciones transnacionales, los recursos disponibles para los municipios se ven comprometidos, y la autonomía financiera queda seriamente afectada.
Tenemos como ejemplo, los contratos ley con el ferrocarril, el Puerto de Manzanillo y el de Panamá Ports, a los dos primeros los exoneran totalmente y al tercero lo limitan el pago a 50k anuales; los cuales son divididos por esta empresa entre los municipios de Panamá y Colón. Permitir que las transnacionales operen en estos puertos con una carga fiscal reducida o nula puede parecer una solución atractiva a corto plazo para atraer inversión extranjera. No obstante, este enfoque a menudo subestima las consecuencias a largo plazo.
Se trata de una cuestión de justicia fiscal y equilibrio. Mientras las transnacionales pueden obtener enormes ganancias de las actividades comerciales en los puertos, la población local queda expuesta a una carga tributaria cada vez mayor. En este contexto, los municipios se ven obligados a recaudar más de sus propios ciudadanos, aumentando la presión fiscal sobre una población que ya enfrenta muchas dificultades económicas. Esto no solo debilita la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos locales, sino que también genera tensiones sociales, pues se percibe una injusticia en la distribución de los beneficios económicos generados por los puertos.
Es importante también destacar que los municipios no solo deberían recibir un pago justo por los servicios que brindan a las empresas transnacionales. Estos servicios, como la seguridad, la infraestructura vial, la salud pública, el saneamiento y otros, son cruciales para el funcionamiento de las operaciones comerciales. Cuando las transnacionales son exoneradas de sus obligaciones fiscales locales, la carga de financiar estos servicios recae sobre los propios ciudadanos, afectando a la economía local de manera directa.
En conclusión, es fundamental que los contratos entre el Estado y las transnacionales respeten la autonomía fiscal de los municipios. Exonerar a estas grandes empresas de los impuestos municipales no solo perjudica la economía local, sino que también vulnera la capacidad de los municipios para gobernarse de manera autónoma. En lugar de ceder ante los intereses de las grandes corporaciones, es hora de que el Estado, defiendan el derecho de los municipios, a gestionar sus propios recursos fiscales y a garantizar que los beneficios económicos derivados de los puertos y otras grandes infraestructuras se distribuyan de manera justa, asegurando un desarrollo que no solo beneficie a las grandes empresas, sino también a la población local que, al final, es el verdadero motor de la economía regional.
La autora es abogada.
