La convivencia escolar atraviesa un momento decisivo en Panamá. Las aulas, más que espacios de aprendizaje, se han convertido en escenarios en los que se reflejan las tensiones sociales, familiares y emocionales que viven nuestros niños y adolescentes. Frente a ello, urge repensar el modelo disciplinario que, por décadas, ha guiado la vida escolar y que, en muchos casos, ha privilegiado el castigo por encima del acompañamiento.
Los Decretos Ejecutivos N.º 162 de 1996 y N.º 142 de 1997 siguen siendo el marco normativo de referencia en materia de disciplina educativa. Estos instrumentos establecen un catálogo de sanciones centrado en la suspensión y la expulsión, medidas que buscan mantener el orden institucional. En la práctica, suelen desplazar el conflicto fuera de la escuela sin atender sus causas profundas. Cuando un estudiante es expulsado, el problema no desaparece, sino que se traslada a otro entorno, muchas veces más vulnerable y menos protegido.
Como egresada del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana (LLAC) 2025 y del LLAC 2.0, estoy convencida de que es el momento de pasar de la prevención a la acción, construyendo una verdadera cultura de paz en las escuelas panameñas. Esto implica transformar los reglamentos escolares en herramientas de convivencia, en los que el diálogo, la mediación y la empatía sean los pilares de la gestión educativa. La disciplina no puede entenderse como sinónimo de castigo, sino como un proceso formativo que enseña responsabilidad, respeto y autocuidado.
La administración escolar tiene un papel clave en este cambio. Las autoridades educativas y los docentes enfrentan diariamente la tensión entre mantener el orden y garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes, incluso, de aquellos con conductas disruptivas. Gestionar esa dualidad requiere liderazgo humano, sensibilidad y formación en resolución pacífica de conflictos. No basta con aplicar normas, también es necesario comprender los contextos, escuchar las historias detrás de cada comportamiento y actuar con justicia restaurativa. En este proceso, el Estado debe garantizar la asesoría legal a la comunidad educativa,
orientando sobre los procedimientos disciplinarios y los derechos de los menores, fortaleciendo la transparencia y la confianza institucional. Este acompañamiento jurídico contribuye a que las decisiones se ajusten al marco normativo y promueve una cultura escolar basada en la equidad y en el respeto.
Por otro lado, la psicología escolar aporta una mirada esencial. Las conductas difíciles en el aula suelen ser manifestaciones de factores emocionales o familiares que los manuales punitivos ignoran, tales como la ansiedad, el duelo, la violencia doméstica, la falta de acompañamiento o las carencias afectivas. Cuando la escuela responde sancionando en lugar de apoyar, el mensaje que recibe el estudiante es de exclusión. En cambio, una intervención temprana a través de orientación psicológica, tutorías, mediación o programas de bienestar puede prevenir el conflicto y fortalecer el vínculo educativo.
La salud mental de los estudiantes debe ser prioridad. Un entorno escolar que castiga sin comprender genera miedo, resentimiento y desconfianza. En cambio, un entorno que cuida promueve autoestima, sentido de pertenencia y compromiso con el aprendizaje. Por eso, formar a los docentes en competencias socioemocionales y estrategias de respuesta empática es una inversión indispensable para el futuro del sistema educativo.
Construir escuelas que cuiden no es un ideal utópico, sino una necesidad urgente. Significa reconocer que la convivencia pacífica se aprende, se enseña y se practica cada día. Implica revisar los reglamentos, actualizar las políticas públicas y colocar el bienestar de la niñez en el centro de toda decisión educativa. La escuela debe ser el primer espacio donde los niños y jóvenes experimenten el respeto, la escucha y la posibilidad de reparar sus errores sin ser excluidos.
Panamá necesita instituciones educativas que formen ciudadanos capaces de convivir en paz, no solo de cumplir normas. Pasar de la prevención a la acción es asumir que cuidar también es educar. Y que cada aula, cada recreo y cada conversación entre docentes y estudiantes puede ser el punto de partida para una sociedad más justa, empática y humana.
La autora es egresada del LLAC 2025 y del LLAC 2.0
