El exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, ha sido imputado por el delito de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, junto con algunos de sus familiares y allegados. Enormes transferencias de dinero fueron usadas para la compra de joyas, relojes, brazaletes, pagos de tarjetas de crédito y de autos, entre muchos otros gastos. Se trata de supuestos fondos no justificados que obtuvo, siendo servidor público, electo y nombrado.
¿Pero cómo obtuvo ese dinero? Supuestamente, una auditoría de la Contraloría General de la República muestra que el exdiputado no puede justificar un incremento patrimonial de $649,262.00 correspondiente al quinquenio 2019-2024. Porque en este período, aparentemente, se encontrarían patrones de inconsistencia financiera y transnacional de una sociedad de su entorno familiar que hacía negocios con la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), habiendo obtenido en esos cinco años contrataciones que bordean los $10 millones.
Pero hay algo que llama la atención. Todo contrato con el Estado se presume legal, hasta que alguna investigación demuestre lo contrario. Incluso a principios del pasado mes de diciembre, Etesa solicitó traslados de partida por unos $13 millones que fueron aprobados por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, y que incluían, además, $441,375.00 a la empresa ligada a la familia de Brands, cuyos $10 millones recibidos de Etesa entre 2019 y 2024 están siendo penalmente cuestionados. Según entiendo, hace unos días y posterior a la aprobación de ese traslado, Etesa consideró congelar estos pagos hasta que exista una decisión judicial y mientras avanzan las investigaciones. ¿Pero entonces por qué Etesa había presentado pocos días antes la aprobación de ese traslado de partida para pagar ese cuestionado monto?
Resulta que, en la Comisión de Presupuesto, el representante de Etesa no tenía idea de quién era el representante legal de la empresa, aunque sí sabía que se trataba de la misma sociedad vinculada al proceso judicial, asegurando que Etesa ya estaba colaborando con las investigaciones adelantadas por el Ministerio Público. Aun así, ese traslado de partida de $441,375.00, posiblemente congelado a raíz de la presión ciudadana, había sido solicitado y, peor aún, aprobado por la Comisión de Presupuesto.
Víctor Orobio, abogado de Héctor Brands, en una entrevista sobre la aprehensión de su cliente, dijo: “Si yo tengo mi plata, yo me doy mis lujos”, y tiene razón. Porque resulta que esos casi $10 millones suministrados al entorno de Brands en cinco años (a un promedio de $2 millones al año solamente por esos contratos con Etesa) fueron entregados a través de contrataciones aparentemente lícitas. Y si no lo fueron —y aquí confieso que no soy abogado penalista—, ¿dónde están las aprehensiones, acusaciones e imputaciones a la contraparte, es decir, al representante del Estado que resultó ser el corruptor?
Aclaro que, según entiendo, la imputación contra Brands y su entorno tiene que ver solamente con esos $10 millones que les entregó Etesa y no, por ejemplo, con supuestas contrataciones que hizo cuando fue director de Pandeportes y que bordean los $600 millones, algo bastante inusual dado el desconocimiento ciudadano de obras deportivas de esa magnitud y en medio de una pandemia que el gobierno pasado justificaba todos los días como la culpable de su fracasada ejecución y desastrosa gestión. O con supuestos $28 millones que se manejaron en sus cuentas, de acuerdo con informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Pero regresando a nuestro tema central, si no hay corruptor, no puede haber un corrupto. Si los $10 millones ligados al exdiputado y exdirector de Pandeportes son ilícitos, tiene que existir ese eslabón en Etesa para que pudiese existir un proceso contra él. Salvo que, en medio de la confidencialidad y la estrategia investigativa, se estén haciendo las diligencias pertinentes para que las personas vinculadas en Etesa a una aparente entrega de dinero inusual —como lo serían $10 millones en cinco años, de ser el caso— sean ubicadas y formen parte de esta supuesta trama criminal que mantiene a la familia Brands bajo medidas cautelares.
El autor es abogado.
