El mercado inmobiliario actual repite una misma fórmula: las áreas sociales se han convertido en uno de los principales elementos de promoción y venta. Piscinas, parques, gimnasios y espacios de encuentro se presentan como garantía de calidad de vida familiar. Sin embargo, se fundamentan en una condición restrictiva: trasladan la vida colectiva hacia espacios controlados y excluyentes, donde el acceso deja de ser un derecho y pasa a depender de la capacidad de pago.
Este fenómeno cobra mayor relevancia en una ciudad que arrastra un déficit histórico de espacios públicos de calidad. En ese vacío, los desarrollos privados no solo suplen una necesidad, sino que están redefiniendo la forma en que habitamos lo urbano. El Plan Estratégico Distrital (2018) ya advertía esta carencia, registrando apenas 5.5 m² de espacio público por habitante en la ciudad de Panamá, cifra que no ha mostrado cambios relevantes en los últimos años y que se replica incluso a escala regional. La brecha es evidente al compararla con los estándares de ONU-Hábitat, que recomiendan entre 9 y 15 m² por habitante.
Ante este escenario, surgen algunas preguntas: ¿estamos garantizando espacios de uso público en condiciones de equidad, o estamos fortaleciendo un modelo donde la calidad del espacio se mide por la capacidad de pago? Más aún, al consolidarse estas islas de comunidad, ¿no estamos empujando a nuestras ciudades hacia una fragmentación urbana, donde la vida colectiva se encierra en lo privado y la ciudad de todos se va quedando cada vez más vacía de encuentros reales?
Bajo esta premisa, el desarrollo económico no debe orientarse solo al crecimiento, sino también a garantizar la equidad social. En este sentido, la gestión de los espacios abiertos debe construirse desde una visión colectiva, superando enfoques fragmentados e incorporando principios de equidad y sostenibilidad en la forma en que se planifican.
Un elemento natural con potencial para articular esta visión es el agua, que conecta territorios sin distinción social ni límites políticos. En Panamá, el agua nace en las montañas, atraviesa comunidades productivas y llega a ciudades que, en muchos casos, le han dado la espalda, hasta encontrarse finalmente con el mar. A lo largo de este recorrido, no solo conecta ecosistemas, sino también realidades sociales y culturales. Sus riberas pueden convertirse en ejes estructurales de espacios de uso público accesibles, capaces de crear conexiones invisibles.
Como señala el arquitecto paisajista Kongjian Yu, los sistemas hídricos funcionan como infraestructuras ecológicas que conectan el paisaje y se convierten en soporte para las relaciones espaciales y territoriales. Reconocer esto implica entender que la crisis que fragmenta nuestras ciudades se manifiesta en el abandono y la privatización del espacio.
Frente a esto, es determinante que la academia, las autoridades y las comunidades desarrollen un pensamiento crítico y holístico que cuestione los modelos actuales de desarrollo y modifique comportamientos que perpetúan el espacio privado como objeto de especulación y segregación social.
Revertir esta tendencia implica reconocer los espacios de uso público, en particular los espacios abiertos, como un derecho colectivo y no como un privilegio.
