FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ

La estabilización económica

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La estabilización económica

En su sesudo artículo, publicado en fecha reciente en La Prensa, el colega Francisco Bustamante, examina el papel del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) en la estabilización macroeconómica del país, planteando algunas de las características de la gestión fiscal típica de nuestros gobiernos que limitan su eficacia. Vale la pena explorar con más detalle algunas de las implicaciones importantes de ello.

El problema de la estabilización surge del hecho de que, a pesar de las grandes ventajas que obtenemos de nuestro sistema monetario, el Estado panameño no cuenta con instrumentos para reactivar la economía cuando esta se desacelere o decrezca. Solo contamos con la herramienta fiscal y esta tiende a moverse en el mismo sentido que la actividad económica: cuando esta se contrae los ingresos fiscales también caen, dificultándole al Gobierno aumentar el gasto público para impulsar la economía. Además, utilizar la estrategia de expandir el gasto fiscal para estimular el crecimiento recurriendo al endeudamiento, es riesgoso e insostenible a largo plazo. Este es el razonamiento que impulsó la creación del FAP, concepto que se conoce internacionalmente como un fondo soberano, tal como lo tienen exitosamente Chile, Noruega y Singapur, entre otros.

Me propongo en este escrito explorar tres de las limitaciones que observo en el FAP: primero, una insuficiencia de ingresos que lo lleva a un nivel bajo de activos; segundo, la falta de consideración a una posible fuente de volatilidad futura en la economía panameña; y, tercero, la inconveniencia de invertir los fondos en los bancos del país. Paso a explicarlas.

Cuando se estableció que los recursos del FAP se constituirían transfiriéndole como capital semilla los activos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, creado en 1995 con el producto de las privatizaciones y se alimentaría de la porción de los pagos de la ACP al Tesoro Nacional que excediesen el 3.5% del PIB, los aportes del Canal eran algo inferiores a esa cuota. Sin embargo, en ninguno de los últimos 16 años del Canal bajo nuestra administración, estos aportes han excedido la cuota, es decir, el FAP no ha recibido ni un centavo de la ACP. Con activos del orden de B/.1,200 millones al momento y suponiendo un rendimiento del 5%, supuesto asaz optimista en la actualidad, se obtendrían B/.60 millones, que equivaldría al 0.1% del PIB, monto insuficiente para lograr un efecto notable en el nivel de actividad económica. La conclusión evidente es que si queremos que el FAP tenga los activos necesarios para contribuir a la reactivación de la actividad, como es el caso de los tres países mencionados, se debe bajar la cuota o porcentaje del PIB que retiene el Gobierno a fin de asegurarse de que haya recursos suficientes de los aportes de la ACP para incrementar los activos del FAP.

Como bien apunta Francisco Bustamante, hasta el momento, los ingresos del Canal no han tenido grandes fluctuaciones cíclicas. Sin embargo, en un futuro próximo se debe iniciar la exportación de cobre, un commodity que si por algo se caracteriza es por su volatilidad, la que puede afectar a la economía en general. El remedio estaría en establecer por ley que una proporción de las regalías del cobre forme parte de los ingresos del FAP, tal como hacen con sus fondos soberanos Chile y Perú, entre otros países mineros. Hago un brevísimo aparte para señalar que pronto seremos también un país minero y las posibles consecuencias de este fenómeno no han sido objeto de un serio debate nacional.

Finalmente, los medios comentan que el Gobierno presentaría una propuesta de modificación de la ley del FAP para que parte de los fondos se inviertan en Panamá. Aunque tal propuesta parezca a primera vista saludable, aunque nacionalista – una especie de “Panamá Primero”, al estilo de America First… de ya sabemos quién – veo algunos inconvenientes importantes en ello. Por una parte puede ser un instrumento de amiguismo o de sanciones a bancos no amigos. A los propios bancos les presenta el peligro de tener depósitos que individualmente representen una proporción importante de sus fondos y sujetos a un retiro súbito creándoles un desbalance; más aún, en un episodio de contracción económica los recursos que vaya a necesitar el FAP saldrían de los bancos, debilitando su capacidad para mantener el nivel de préstamos, lo que neutralizaría su efecto. El inyectar recursos importantes al sistema financiero local aumentaría la oferta de fondos, con el efecto de reducir el rendimiento. Otros fondos soberanos, en especial los tres en mención, tienen la totalidad de sus inversiones fuera del país.

Al final de cuentas las reformas planteadas al FAP pueden afectar negativamente la salud del sector financiero, crear inflexibilidad en el manejo de sus recursos y no tocan el entramado del manejo fiscal que facilita el aumento del gasto público por la vía del endeudamiento, escondiendo la realidad de los déficits.

El autor es economista

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