“Irán busca empujar los límites en el Estrecho de Ormuz y tratar la presión sobre el tránsito marítimo como una práctica negociable. Occidente, aunque con razón al rechazarlo, responde desde una rigidez que no ofrece salida. En ese pulso, el comercio global queda expuesto a un juego de suma cero donde la escalada parece más probable que el acuerdo”.
En las últimas semanas, voceros y medios cercanos al poder en Teherán han sugerido la idea de una suerte de “gestión” del Estrecho de Ormuz que, en la práctica, puede traducirse en condicionar el tránsito marítimo a concesiones políticas y alivio económico. El desplazamiento del eje —del programa nuclear al control de una de las arterias marítimas más vitales del planeta— no solo busca oxígeno financiero: también intenta presentar como negociación lo que, para gran parte de la comunidad internacional, se entiende como coerción.
Para un país como Panamá, cuya identidad y economía dependen del respeto al derecho internacional y de la libre navegación, esa lógica resulta especialmente preocupante. La experiencia del Canal enseña que las rutas estratégicas se sostienen con reglas claras, tratados y compromisos de neutralidad, no con la discrecionalidad de quien controla la geografía. Si Ormuz se convierte —de hecho— en un paso donde la “no interferencia” se intercambia por pagos o concesiones, el mensaje sería peligroso: se estaría transformando la seguridad del tránsito en moneda de cambio.
Ahora bien, el análisis queda incompleto si se ignoran las limitaciones de la respuesta occidental. Estados Unidos, Israel y sus aliados sostienen —con razones atendibles— que cualquier intento de condicionar el paso por Ormuz es inaceptable. Pero su estrategia parece atrapada entre la sanción permanente y la disuasión militar, con poco margen para una desescalada verificable. Mientras Irán empuja los límites, Occidente corre el riesgo de confundir presión sostenida con estrategia de salida.
Este escenario coloca a la estabilidad del comercio mundial ante un dilema: depender del autocontrol de actores que, por cálculo interno o rivalidad regional, pueden preferir la tensión a la concesión. Por un lado, sectores de línea dura en Irán —incluida la Guardia Revolucionaria Islámica, con influencia decisiva en la seguridad y la política exterior— tienen incentivos para mostrar fuerza y fijar costos. Por el otro, una coalición liderada por Washington tiende a privilegiar el castigo económico como palanca principal, aun cuando sus resultados sean ambiguos y su costo global, tangible.
La salida de este laberinto no vendrá de imponer términos solo por la fuerza, ni de administrar la crisis con bloqueos indefinidos. La seguridad de las rutas marítimas es demasiado central para la economía mundial como para tratarla como ficha de negociación. Si el Estrecho de Ormuz termina operando bajo una lógica de “tránsito condicionado”, se asentaría un precedente corrosivo para el derecho del mar y para cualquier país que dependa del paso abierto, Panamá incluido. La paz no puede ser el resultado de una coacción aceptada; pero tampoco de una diplomacia que renuncia a explorar salidas realistas más allá de la confrontación permanente.
Para avanzar, las potencias occidentales y regionales necesitan combinar firmeza con una arquitectura creíble de desescalada: canales de comunicación sostenidos, mecanismos de verificación y compromisos explícitos de no interferencia con el comercio civil, bajo supervisión multilateral. También se requiere distinguir entre sanciones como herramienta y sanciones como destino, y abrir incentivos condicionados a conductas medibles (no a promesas). De lo contrario, el comercio mundial seguirá navegando en aguas cada vez más inciertas. Para Panamá —país de tránsito— la lección es directa: cuando se relativiza la libertad de navegación en un punto del mapa, se debilita en todos. Si el mundo cede ante esa lógica, no estará comprando estabilidad: estará alquilando la próxima crisis.
El autor es analista de relaciones internacionales y seguridad multidimensional.
