Recientemente compartí en un programa de radio, con el secretario de Energía recién designado, ingeniero Juan Urriola. El mismo abordó temas de interés nacional como las tarifas eléctricas, los contratos de generación, y la calidad y continuidad del servicio de energía. Además, mencionó la decisión del gobierno del presidente José Raúl Mulino de promover, de manera obligatoria y escalonada, el uso del etanol como biocombustible. Interesante posición, que en mi opinión, nos llevaría a la progresiva disminución de la dependencia de la importación de los productos de hidrocarburos, lo cual deberá traducirse en ahorros significativos para el sistema país y para la actividad productiva.
No me cabe la menor duda de que Panamá necesita urgentemente una estrategia nacional para lograr la reactivación económica y la recomposición del tejido empresarial, tan afectado por la pandemia de covid-19 y los actos de corrupción, ya que seguimos siendo el cuarto país con la peor distribución de la riqueza en América Latina y uno de los 15 peores del mundo en este tema.
Hay que reconocer que en Panamá ha habido avances en cuanto a la legislación sobre energías alternativas, aunque estos avances no parecen ir de la mano con la voluntad política de mirar más allá de un negocio puntual y atractivo para la inversión nacional y extranjera de algunos pocos.
En efecto, los instrumentos jurídicos sobre el tema, registran progresivamente disposiciones cada vez más concretas y dictan normas para hacer obligatorio su uso y promover su producción a escala nacional. Sin embargo, su tratamiento más integral sigue basado en planteamientos genéricos de carácter programático, también necesarios, pero insuficientes si no se aterriza en políticas y acciones de gobierno que modifiquen irreversiblemente el statu quo.
Considero un imperativo de la visión estratégica identificar la sostenibilidad, autosuficiencia y armonía de la producción de etanol anhidro con la protección, defensa y fortalecimiento del medio ambiente. También se deben evaluar los pros y contras de la producción de caña de azúcar como biocombustible, considerando su potencial para generar empleos bien remunerados en el campo.
El etanol debe incluirse en el contexto de una política de energía que sea el corazón de una estrategia de desarrollo nacional del siglo XXI y más allá. Una visión de largo plazo; que no ponga en riesgo ni la sostenibilidad ambiental ni en peligro la seguridad alimentaria del país, con incentivos justos, temporales y transparentes.
El gran reto para el gobierno, será impulsar esta transición como un real paso positivo en la reducción del precio del combustible y que no sea una actividad para amigos cercanos al poder, blindados con exoneraciones y aranceles especiales e innecesarios para un mercado cautivo de una sola empresa o grupito de ellas, creando así desde el poder político, monopolios u oligopolios para clanes privilegiados.
La autora es abogada
