No soy perfecta, pero tengo algo claro: mis errores no le dan derecho a nadie a faltarme el respeto. La imperfección es humana; el abuso, la descalificación y la injusticia son decisiones.
La discusión sobre la ética en el MEDUCA suele contaminarse con exageraciones, generalizaciones y excusas que, lejos de aclarar el problema, lo distorsionan. Decir “todos son corruptos” es falso; afirmar “aquí no pasa nada” también lo es. La realidad es más incómoda: existe una convivencia tensa entre prácticas correctas e incorrectas, donde lo ético no siempre tiene respaldo y lo indebido no siempre recibe sanción. Ese desequilibrio, sostenido en el tiempo, es el verdadero problema.
Para evitar confusiones, conviene desmontar, desde el inicio, algunos errores de razonamiento frecuentes. Que una conducta se repita no la convierte en válida: la frecuencia no es legitimidad. Tampoco existe una causa única que explique la crisis; reducirla a “los de arriba” o “los de abajo” es simplificar un fenómeno que es estructural. Y, sobre todo, el “juega vivo” no es una forma de inteligencia práctica, sino una distorsión ética que erosiona la confianza. Nombrar estas ideas con precisión no es un detalle académico: es lo que permite entender el problema sin maquillarlo.
El respeto, que debería ser el punto de partida, se ha vuelto negociable. Hay directores que ejercen la autoridad sin una rendición de cuentas efectiva, donde la línea entre liderazgo y presión indebida se diluye peligrosamente. Cuando aparecen prácticas como el hostigamiento, las evaluaciones selectivas o las represalias, no estamos ante estilos distintos de gestión, sino ante fallas éticas verificables que afectan el clima laboral y el desempeño docente.
En paralelo, algunos padres de familia han asumido un rol que desarticula el proceso educativo. Defender a un hijo no implica desautorizar al docente ni convertir cada corrección en conflicto. Cuando eso ocurre, el mensaje que recibe el estudiante es claro: la norma depende de quién la cuestione. Sin coherencia entre hogar y escuela, la educación pierde fuerza.
Dentro del propio gremio, el problema tampoco desaparece. El irrespeto entre colegas, el rumor y el “juega vivo” funcionan como un desgaste constante. No son hechos aislados, sino prácticas que, al repetirse, generan un patrón. Y los patrones, en ética, importan más que los discursos. Una profesión que forma no puede sostenerse sobre conductas que contradicen lo que enseña.
A esto se suma una realidad que no admite matices: la persistencia de actitudes discriminatorias, incluida la homofobia. En un sistema educativo, cualquier forma de exclusión por identidad u orientación es incompatible con su propósito. La falta de respuestas claras frente a estos casos no es neutralidad; es permisividad.
Sin embargo, afirmar todo lo anterior no implica desconocer una verdad clave: dentro del MEDUCA hay docentes y administrativos éticos, consistentes, que cumplen y sostienen principios, incluso cuando eso les genera costos. No son una excepción irrelevante; son la evidencia de que la ética sí es posible en la práctica.
El problema es que, en muchos casos, no son protegidos con la firmeza que debería caracterizar a la institución. Cuando alguien actúa con rectitud en un entorno permisivo, se vuelve incómodo. Y esa incomodidad, en lugar de ser corregida desde la institución, a veces se traduce en presión, aislamiento o desgaste. No toda crítica es persecución, pero cuando las acciones se concentran de manera selectiva y reiterada, dejan de ser coincidencia y se convierten en un patrón preocupante.
Aquí entra un elemento que no puede omitirse: los representantes del sistema —autoridades y estructuras administrativas— no han logrado erradicar estas prácticas, no por falta de normas, sino por falta de aplicación consistente. Existen lineamientos, protocolos y discursos, pero su ejecución es irregular. El problema no es la ausencia de reglas, sino la debilidad para hacerlas cumplir de manera equitativa.
Y hay una arista aún más incómoda: un sistema fragmentado se controla mejor que uno cohesionado. La división interna —entre docentes, entre niveles y entre posturas— termina favoreciendo la inercia. “Divide y triunfarás” no es una teoría conspirativa; es una lógica conocida de gestión del conflicto. Lo verdaderamente contradictorio es que, siendo un gremio formado por profesionales del pensamiento crítico, no logremos articular respuestas colectivas capaces de establecer límites claros. No por falta de capacidad, sino por dispersión.
Aun así, sería incompleto ubicar toda la responsabilidad en la estructura. El sistema también se reproduce desde la base. Cada vez que se normaliza el incumplimiento, se acepta una ventaja indebida o se guarda silencio ante una injusticia evidente, se contribuye a sostener aquello que se critica. No es una cuestión de culpas individuales, sino de coherencia colectiva.
La solución, por tanto, exige precisión. En el plano institucional: procesos de denuncia que funcionen, protección real contra represalias, evaluaciones con criterios públicos y verificables y sanciones consistentes. En el plano profesional: cumplimiento, respeto, rechazo al “juega vivo” y compromiso con estándares éticos, incluso sin supervisión directa. No es idealismo; es una condición mínima de credibilidad.
La ética no es un ideal inalcanzable ni un acto heroico reservado a unos pocos. Es una práctica verificable. Mientras se siga tratando como discurso y no como norma aplicada, el problema persistirá. No por falta de diagnóstico, sino por falta de decisión.
Y aquí queda la pregunta que incomoda, pero que no se puede seguir evitando: ¿cómo vamos a cambiar el país si ni siquiera somos capaces de cambiarnos a nosotros mismos?
La autora es profesora de filosofía.
