La evaluación del riesgo país es un elemento crucial que impacta directamente la confianza de los inversionistas y las decisiones estratégicas de los gobiernos en cuanto a su política fiscal y tributaria. Este término se refiere a la capacidad y disposición de un país para cumplir con sus compromisos financieros, evaluadas por agencias calificadoras que orientan a los inversores sobre la estabilidad y seguridad de invertir en ese país en particular. Cuando un país recibe una baja calificación de riesgo, esto implica una percepción de mayor incertidumbre o inestabilidad, lo que resulta en costos financieros más altos para dicho país. Esto se debe a que los inversores demandan una compensación mayor por el riesgo adicional al invertir en un entorno menos seguro. Como consecuencia, el gobierno puede verse obligado a aumentar las tasas de interés de su deuda pública para atraer inversores, lo que podría tener efectos negativos en la economía nacional.
El aumento de las tasas de interés puede llevar al gobierno a implementar medidas fiscales más estrictas, como incrementar impuestos con el objetivo de aumentar los ingresos estatales y cumplir con sus compromisos financieros. Sin embargo, incrementar los impuestos podría desmotivar la inversión y el consumo, lo que posiblemente frene el crecimiento económico. Por otra parte, reducir el gasto público es una alternativa que puede ayudar a equilibrar los presupuestos, pero también podría acarrear efectos negativos como la reducción de servicios públicos y un posible impacto en el bienestar social.
En contraste, una alta calificación de riesgo país indica que un país se percibe como un lugar seguro para invertir. Esto permite al gobierno obtener financiamiento en condiciones más favorables, como tasas de interés más bajas, lo cual disminuye el costo de la deuda y libera recursos para otras áreas. Asimismo, una buena calificación de riesgo país otorga al gobierno la flexibilidad necesaria para implementar políticas fiscales expansivas, tales como aumentar el gasto en infraestructura o programas sociales, o incluso reducir la carga impositiva sobre ciudadanos y empresas, lo cual puede estimular la economía y fomentar la inversión.
Es claro que la evaluación del riesgo país juega un papel crucial en la elaboración de políticas fiscales y tributarias. Una calificación positiva puede fortalecer la confianza de los inversionistas, mejorar las condiciones para acceder a financiamiento y contribuir a crear un entorno económico estable y favorable para el crecimiento. Por el contrario, una evaluación desfavorable podría restringir las opciones de política económica del gobierno y complicar la ejecución de estrategias destinadas a fomentar el desarrollo económico.
Para elevar la calificación de riesgo país, es crucial que los gobiernos mantengan unas finanzas públicas sólidas, fomenten la transparencia y estabilidad económica, y lleven a cabo reformas estructurales que impulsen la competitividad y sostenibilidad a largo plazo. Estas reformas pueden abarcar desde mejorar la eficiencia del gasto público hasta combatir la corrupción, promover la educación y la salud, así como crear un entorno propicio para las actividades empresariales.
La futura administración, que asumirá el liderazgo del país a partir del 1 de julio de 2024, se enfrentará al reto de mejorar la calificación de riesgo en Panamá. Este objetivo requerirá una colaboración coordinada entre el gobierno, los ciudadanos y los inversores. Aunque las reformas estructurales necesarias para lograr este propósito puedan resultar difíciles en un principio, son cruciales para asegurar beneficios a largo plazo para todos los sectores de la sociedad.
En resumen, la calificación de riesgo país ejerce un impacto significativo en las políticas fiscales e impositivas de una nación y puede tener una influencia considerable en toda su economía. Es fundamental que la nueva administración se esfuerce por fortalecer la estabilidad financiera y económica con miras a mejorar su calificación crediticia, lo cual resulta crucial para fomentar un entorno propicio para el desarrollo económico y la atracción de inversiones.
El autor es consultor tributario y country managing partner de EY.
