El próximo 5 de noviembre de 2025, Panamá será evaluado en el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este mecanismo, vigente desde 2006 por mandato de la Asamblea General, constituye un espacio clave de diálogo entre Estados, así como una herramienta para la revisión crítica del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos.
En esta sesión, el Estado panameño deberá rendir cuentas sobre los compromisos asumidos durante su última evaluación, realizada en noviembre de 2020. En aquel momento, Panamá aceptó una serie de recomendaciones que, en teoría, debieron traducirse en avances concretos. El EPU no solo mide el progreso, sino que también revela las brechas persistentes y los desafíos estructurales que requieren atención urgente.
Como parte del proceso, el Estado presentará un Informe Nacional, el cual debió construirse mediante consultas inclusivas con todos los actores relevantes, incluyendo organizaciones de la sociedad civil. Paralelamente, estas organizaciones han tenido la oportunidad de presentar informes individuales y un informe conjunto, que será considerado por el Grupo de Trabajo del EPU.
En esta ocasión, 110 organizaciones panameñas nos hemos articulado para elaborar un informe alternativo. Representamos una diversidad de sectores comprometidos con la defensa de los derechos humanos: mujeres, niñez y adolescencia, personas con discapacidad, personas mayores, comunidades LGBTQI+, pueblos indígenas, migrantes, población afrodescendiente y defensores del ambiente, entre otros.
Diagnóstico compartido: desafíos estructurales y urgencias transversales
Nuestro análisis revela que las brechas estructurales en derechos humanos no solo persisten, sino que se profundizan. La pobreza, la desigualdad y la exclusión afectan de manera desproporcionada a poblaciones históricamente marginadas, sin que existan políticas públicas con enfoque interseccional, territorial y de no repetición que respondan a esta realidad.
A ello se suma la corrupción sistémica, que debilita la institucionalidad democrática y erosiona la confianza ciudadana. La opacidad presupuestaria y la escasa inversión en sectores sociales perpetúan la inequidad y limitan el ejercicio efectivo de los derechos.
La cultura de derechos humanos en Panamá sigue siendo frágil. La falta de formación continua para funcionarios públicos, operadores de justicia y medios de comunicación contribuye a prácticas discriminatorias y a la criminalización de personas defensoras. El acceso a la justicia está marcado por barreras económicas, geográficas y culturales, especialmente en zonas rurales e insulares, mientras la impunidad persiste por la falta de una legislación robusta y de independencia judicial.
Frente a este panorama, el informe conjunto exige reformas profundas y sostenidas, entre ellas:
Presupuestos públicos con enfoque de derechos humanos.
Educación en derechos humanos desde la escuela.
Fortalecimiento institucional con participación ciudadana.
Justicia accesible e independiente.
No se trata únicamente de cumplir con estándares internacionales, sino de construir una agenda centrada en las personas, que reconozca la dignidad humana como eje de las políticas públicas.
Como se afirmó en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993):
“¿Qué son los derechos humanos si no hay estructuras y mecanismos apropiados para garantizar su efectividad, tanto en el plano interno como en el plano internacional?”
El EPU no termina el 5 de noviembre. A partir de enero de 2026, corresponde a todas las personas, organizaciones e instituciones dar seguimiento riguroso a las recomendaciones que Panamá reciba. La rendición de cuentas debe ser continua, y la participación ciudadana, activa.
Estemos atentos. La defensa de los derechos humanos es una tarea colectiva, y el EPU es una oportunidad para exigir al Estado panameño que cumpla con su deber de garantizar una vida digna para todas las personas.
La autora es abogada y defensora de derechos humanos.
