Caminar de la mano de Lorena Castillo de Varela, en la 13ra marcha de la diversidad sexual, marcó un antes y después para el movimiento de la diversidad sexual y, con “La Opinión Consultiva OC-24/17″ todavía fresca, en la que se destacó que la falta de acceso a derechos se agrava con el entrecruzamiento de la condición de la orientación sexual, identidad de género y/o diversidad corporal, con otros factores, como el sexo, el origen étnico, la edad, la condición social, el optimismo de los participantes hizo de esta la mejor marcha hasta la fecha. Pero la reacción no se hizo esperar cuando los grupos mayormente evangélicos organizaron una contra marcha 10 días después, con mucha mayor participación, indignados que una Primera Dama caminara con la comunidad.
La contra marcha de los evangélicos y grupos pro familia la han vendido como un plebiscito, y las amenazas a los políticos no se hicieron esperar. Creo que no hay evidencias de una pugna tan directa entre dos grupos en Panamá como son los colectivos LGBTIQ+ y los grupos fundamentalistas y pro-familia.
El presidente Ricardo J. Alfaro fue el firmante por Panamá de la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, un compromiso que no ha sido honrado por intereses económicos, prejuicios religiosos y racismo. El tema de la discriminación golpea duramente a tres poblaciones muy específicas, los grupos originarios, los afrodescendientes y los LGBTIQ+. Panamá vende una imagen internacionalmente que no concuerda con la realidad nacional. No hay concordancia entre lo que se dice y se hace, queremos que las cosas mejoren, pero nos resistimos a los cambios; esta es una contradicción grave.
Pretender que una población no existe y mucho menos que son sujeto de derechos, es la forma más básica de discriminar. Que los derechos humanos no son sujeto de plebiscitos ni consultas populares o si grupos de interés estén de acuerdo o no. La lucha de la comunidad LGBTIQ+ da inicio con el desafío de las normas jurídicas, como el derecho a asociarse libremente, cuando en 1998, la primera organización de homosexuales se quiso registrar con una personería jurídica, se le negó en tres ocasiones, alegando que una organización de homosexuales iba en contra de la moral y las buenas costumbres del país, sustentado en la Constitución de la República, que no permite el reconocimiento de organizaciones que pongan en peligro los valores cristianos de la nación.
El camino de los panameños y panameñas LGBTIQ+ ha sido lento y con pocos hitos en nuestra lucha por la igualdad. La primera fue el reconocimiento legal de la primera organización LGBTIQ+ en 2001, la primera marcha de la diversidad sexual en 2004 y la derogación de decretos anti sodomía en el Código Sanitario en 2008, siendo Panamá el último país en región en hacerlo.
El trabajo para el reconocimiento de nuestros derechos e igualdad ante la ley ha encontrado fuerzas formidables con recursos e influencias que han dificultado el trabajo.
Desde la administración de Mireya Moscoso se ha propuesto un proyecto de ley contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, que fue clasificado por justo y necesario por técnicos de la Asamblea Nacional, con la que se llenaba un vacío jurídico en la legislación, pero no pudimos avanzar por las presiones políticas de grupos religiosos.
El debate del matrimonio igualitario ha desatado muchas emociones y se ha convertido en punta de lanza para muchos temas. El tema está esperando una resolución desde la Corte Suprema de Justicia de Panamá, una resolución que debe estar basado en la ley y en concordancia con todo lo que Panamá firma internacionalmente e irresponsablemente no cumple. Nos vendemos como un país de avanzada con muchos logros económicos, pero socialmente vivimos 50 años atrás, resistiendo los cambios e impidiendo el debate necesario.
La cinta costera y el skyline de la ciudad de Panamá nos llena de orgullo. Cuando llegamos por avión, propios y extranjeros se maravillan de las manifestaciones de progreso y comercio, pero detrás de esa fachada hay un pueblón. Una sociedad profundamente conservadora, doble moralista y machista, en la que el tema de los derechos humanos no es entendido, porque pensamos que derechos son mis intereses y no el respeto que se debe a toda persona por el solo hecho de ser humano.
El autor es bibliotecario y activista por los derechos humanos.
