[PRESO POLÍTICO]

Una explicación necesaria

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No me gusta especular innecesariamente con la realidad judicial de mi caso. No tengo vocación de víctima. Hay muchos otros en situación peor que la mía. Están presos, acosados, exiliados forzosos y, en fin, alejados de sus más elementales derechos constitucionales y legales. Pero me siento obligado a explicarle a la nación la situación que estoy atravesando.

Estuve cerca de dos meses detenido en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), entre marzo y mayo de 2010. Fui acusado por conspiración, asociación para delinquir, instigación al odio y, entre otros cargos, difusión de información falsa. Fui puesto en libertad condicional con sometimiento a juicio y prohibición para salir del país sin autorización del tribunal.

En el juicio se cayeron todos los cargos en mi contra, menos uno, el de difusión de información falsa. Es decir, yo debo haber inventado el voluminoso expediente levantado por el juez cuarto de la Audiencia Nacional de España hecho público a principios de ese año y comentado ampliamente en el mundo entero.

En Venezuela se conoció parcialmente por la solicitud de colaboración hecha por el citado juez al presidente Chávez para investigar presuntas actuaciones de efectivos de ETA y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), vinculadas al terrorismo y al tráfico de armas y drogas, en territorio venezolano con citas concretas de sitios, temas y personajes presentes de varios países.

En el programa “Aló Ciudadano”, el conductor Leopoldo Castillo me pidió opinión. Manifesté con claridad que el Gobierno estaba obligado a prestarla para despejar las dudas existentes en el mundo y que yo mismo tenía y tengo, sobre la veracidad de las presunciones españolas.

Fui detenido y enjuiciado. Condenado a dos años de prisión, con pena sustitutiva de prohibición de salida del país sin autorización del tribunal 12 de ejecución. Pues bien, llevo seis años con esta sanción y cuatro desde que se produjo la sentencia definitiva.

He cumplido con todas las sugerencias hechas por el juez, pero la situación se agrava. Ahora tengo suspendidos mis derechos políticos. No he podido votar ni aparezco en el Registro del Consejo Nacional Electoral. No he podido renovar el pasaporte. En fin, daños colaterales que afectan mi vida personal, familiar, política y laboral dentro y fuera del país.

En consecuencia de todo esto y más, los abogados defensores, a quienes no tengo cómo agradecerles su lealtad y dedicación, los doctores Omar Estacio y Antonio Sierraalta, han solicitado la destitución del juez Régulo Aponte Madrid ante la Inspectoría General de Tribunales y el Tribunal Disciplinario Judicial. Los mantendré informados.

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