En nuestro país tenemos un cuadro social preocupante: la distribución de la riqueza es de las peores del continente, la educación atraviesa una crisis y el desempleo se ha agudizado desde la pandemia. A ello se suman ataques al sistema bancario, campañas de desinformación contra el Canal, gobiernos marcados por escándalos de corrupción y una justicia desprestigiada, con venta de fallos, maletines de dinero y figuras de alto perfil que escapan de los procesos, mientras otras ni siquiera son mencionadas, pese a sonar en los medios.
El gobierno inició una transformación del sistema de pensiones y de la seguridad social que varias administraciones habían evadido y que resultaba ineludible. Era un proceso complejo y delicado, que exigía sacrificios a toda la población para evitar el colapso. Sin embargo, los sacrificios no fueron equitativos: unos pocos mantienen privilegios que indignan a la mayoría, como pensiones especiales, exoneraciones de impuestos y asignaciones de combustible para sus vehículos particulares.
Lo más grave vino después: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de forma discreta, se aumentaron el salario en un 40%, justificándose en que en otros países se pagan mejores sueldos. Además, confeccionaron “en secreto” un fondo complementario para retirarse con el último salario, lo que generó fuertes críticas por su estilo de juega vivo. Aunque suspendieron el beneficio para ellos, lo mantuvieron para otros cargos, sin eliminarlo.
¿Cuál es el sentimiento del pueblo? Indignación. Estas acciones, hechas a espaldas de la ciudadanía, transmiten la idea de que los magistrados podrían reactivar sus privilegios en cualquier momento. Sus salarios —14 mil dólares mensuales más beneficios— ya son más que suficientes. El impacto no solo es presupuestario: también erosiona la credibilidad de la justicia e impide destinar recursos al fortalecimiento del sistema.
Hace apenas cuatro meses hubo protestas callejeras que se prolongaron dos meses, con represión incluida, por las reformas al sistema de pensiones. Mientras tanto, los magistrados sacaban de la manga un retiro lujoso, irrespetando al país, donde miles de ciudadanos no logran cubrir sus necesidades básicas.
Solo un personaje, creador de un partido que no duró ni tres meses, se atrevió a justificar el aumento. El resto del país lo condenó.
El egoísmo perverso de nuestra clase política ha perjudicado al país, porque siguen existiendo privilegios que deberían eliminarse. La población observa en silencio, y ese silencio no debe confundirse con complicidad. Panamá necesita atender a sus sectores más vulnerables y recuperar lo robado mediante corrupción. Solo así la ciudadanía podrá creer en las instituciones.
El autor es especialista en salud pública.
