“El exagerado precio de los medicamentos en la República de Panamá, comparado con el de los países vecinos y europeos, es producido por una cadena de mafias a las que les importa un bledo con la salud y los derechos humanos de nosotros los panameños”.
Ese tuit lo escribí el día 21 de marzo, y produjo una marea de comentarios de personas tan preocupadas como yo respecto al injusto problema y el qué hacer para resolverlo. Entre ellos estuvo el ministro de Salud, Dr. Miguel Mayo, a quien no conocía, y que tuvo la amabilidad de ir a Coronado, donde vivo, para sentarnos a conversar largo sobre el tema. Para comenzar, coincidimos sobre la gravedad del asunto y su capacidad de provocar una explosión con consecuencias impredecibles. La conversación me educó. Siguen ideas concretas de solución, algunas del Dr. Mayo y otras mías, producto de la conversación.
Primero: el problema nace con las farmacéuticas, que han definido por vía del nivel del producto interno bruto (PIB), que Panamá es un país rico y a la vez un mercado pequeño, por lo que le asignan el precio a sus productos con esos parámetros. ¿Pero por qué Uruguay con población y PIB parecido al nuestro paga mucho menos por los medicamentos? Porque compran junto al mercado sudamericano, a precio de gran mercado. Panamá es históricamente bolivariano y sudamericano, así es que paso urgente sería lograr integrarnos a las compras de ese gran grupo lo antes posible. Segundo: a nuestro registro farmacéutico –bastante mejorado– le falta agilizar la apertura de las llamadas “compras paralelas” de dichos medicamentos para abrir lo más ampliamente posible la competencia, y que cualquier empresario pueda peinar el planeta e importar el producto a mejor precio, amparado por el registro sanitario que hizo en nuestro país la farmacéutica. Tercero: si el producto tiene registro sanitario de países serios de primer mundo, el nuestro debe aceptar ese registro como bueno para agilizar el proceso. Cuarto: nuestro registro sanitario no debe tener fecha de vencimiento mientras que la fórmula del producto siga igual (existen desabastecimientos por vencimientos de registro). Quinto: el registro de cosméticos no debe estar en la misma fila del de los medicamentos. Uno es asunto de vida o muerte, el otro es asunto de estética.
Luego que las famacéuticas imponen a Panamá precios de país rico con exagerados márgenes, las distribuidoras y finalmente las farmacias hacen lo mismo, resultando precios en los que el mismo medicamento en Madrid vale un tercio (sí, ¡un tercio!) de lo que vale en Panamá. Por ser este un problema de salud pública –o sea, de derechos humanos– como empresario enemigo de controles de precios, yo pienso que hay que considerar un control de márgenes a nivel de distribuidoras y farmacias para ubicarlos en niveles razonables, según los estándares internacionales.
Entonces está el problema –que ningún político se atreve a atacar– pero que cuenta con un documento de consenso en una Convocatoria PNUD, de la duplicidad y desorden ridículo y costosísimo de división institucional de las compras públicas divididas de la CSS, el Ministerio de Salud, patronatos y sus licitaciones, demandas de objeción, desabastecimientos provocados, etcétera, etcétera, que el ministro propone resolver creando por ley una “Dirección General para el suministro de medicamentos, insumos médicos, quirúrgicos, tecnología sanitaria y otros productos para la salud humana”, contenidos en un proyecto de ley 569 presentado por él a la Asamblea en octubre de 2017, durmiendo allí el sueño de los justos.
Para mí este proyecto tiene lógica y ayudaría a resolver el problema. Este problema de la disponibilidad y precios de los medicamentos es de vida o muerte para la gran mayoría de los panameños, especialmente los más vulnerables.
¡Ya hay consenso! ¡Solo falta el compromiso político para resolverlo!
¿Cuál candidato será capaz de ejecutar lo que todos necesitamos urgentemente? Tengámoslo presente al entrar a depositar nuestro voto en la urna el 5 de mayo.
El autor es fundador del diario ‘La Prensa’