Vivimos en un país cuyo nivel de descreimiento en las instituciones estatales y en el sector político ha llegado a máximos en los 29 años desde que se reinstauró la democracia en 1989. Hay un caos tolerado en cada rincón de la vida nacional porque se ha llegado a aceptar que “la pelotera” y la improvisación son lo “normal”. Los esfuerzos que puntualmente realizan buenos funcionarios gubernamentales y asociaciones privadas no llegan a tener el impacto en la amplitud y durabilidad necesarias, ya que estos se dan en un contexto inarmónico de instituciones que no respetan los derechos individuales, el riesgo de la innovación y la seguridad jurídica de inversiones. El fracaso es visto como algo negativo y peyorativo y no como fuente de cambio. No existe un clima de debate serio e inteligente y con visión de mediano y largo plazo; no se da supervisión evaluación de alternativas que nazcan de la ecuanimidad y la reflexión. Se imponen egos y componendas de grupos. El déficit democrático se profundiza cada terminación de quinquenio.
Es indudable que Panamá requiere de un viraje importante en su diseño institucional. Inexplicablemente, en diciembre de 1989, con el apoyo abrumador de la población y con la presencia del Ejército más poderoso del planeta respaldando la reconstrucción posinvasión, nunca se planteó una asamblea constituyente que terminara de barrer con los remiendos de la dictadura torrijista-norieguista y así realizar la recomposición del país político y su estructura legal. No han existido políticas de Estado, sino gobiernos que han dirigido para el momento por los votos fáciles. Solo se ha reformado la Constitución Política en 1994 y 2004 para asuntos puntuales.
Por otro lado, la convocatoria a una asamblea constituyente se ha convertido en una promesa de campaña reiteradamente incumplida desde 1999, que tan pronto se ganan las elecciones se difumina como un fantasma acompañado de la explicación doctoral de que “no se han dado las condiciones de crisis” para que se convoque a la políticamente venerada asamblea de constituyentes. Y es que el no llevar a concretizar las cada vez más necesarias reformas de la carta magna que recoja el pacto político y social en forma de normas fundamentales que lleven a la estabilidad institucional, contribuye a que se den esas condiciones de crisis que se alegan como justificación para no llamar a la constituyente; convertida en una especie de fetiche con el que se juega a conveniencia.
Los cambios constitucionales que deben plasmarse en una nueva ley fundamental son en resumen: darle verdadera independencia a los órganos Legislativo y Judicial en lo presupuestario; limitar la reelección de diputados y alcaldes a una vez; eliminar los representantes de corregimiento y sustituirlos por juntas de ciudadanos; gobernadores por elección con elaboración de presupuestos descentralizados y fiscalizados en cada provincia; diputados provinciales y nacionales; quitar impedimentos para candidaturas independientes; partidos municipales y provinciales; constitucionalizar el llamado poder ciudadano articulándolo a través de la Defensoría del Pueblo; fortalecer las figuras de la democracia participativa y directa con auditorías ciudadanas a órganos gubernamentales, entre otras.
La idea de convocar a elecciones de constituyentes sin embargo no es la mejor. Implica organizar una corporación política electorera, que partidos tradicionales se tomen la misma y busquen constitucionalizar el 120 a los 65 y otras políticas clientelares que ni deben aparecer en una Constitución. Otros creen ver en una constituyente “originaria” un fetiche para la refundación “revolucionaria” del país y el surgimiento de una nueva ciudadanía panameña. La vía referéndum, previo acuerdo de reformas, es más sensata en este momento. Sin embargo, no hay consciencia popular ni responsabilidad ni mucho menos un estadista para esta tarea. Una nueva Constitución no es la solución definitiva al calvario del día a día que viven millones de conciudadanos con el agua, transporte y otros temas. Más importante aún es una reforma integral a la administración pública que sea amigable a los usuarios-gobernados y no a los burócratas; que se profesionalice y que rinda cuentas con auditorías ciudadanas. El Estado debe ser más fuerte y no más grande; donde desaparezca el clientelismo y la mediocridad premiada. Esto es virtualmente imposible en 2018-2019.
El autor es psiquiatra y licenciado en derecho