Gracias a Gabriel García Márquez en Colombia las exageraciones se volvieron normales, y por eso no sorprende decir que el país ha vivido una guerra continuada que supera el medio siglo. Si lo pusiéramos en los propios términos gabeanos, sería las guerra de los 20 mil días; y el coronel Aureliano Buendía, que peleó en una más modesta que la historia patria llamada de los mil días, hubiera visto la duración de esta otra con desmedido asombro, igual que el número de víctimas que ha dejado, 260 mil vidas humanas sacrificadas.
No es una guerra solo entre dos bandos, liberales y conservadores, como la del coronel Aureliano Buendía, sino toda una maraña de escenarios y actores, en la que a lo largo de las décadas han entrado y salido, liberales y conservadores, claro que sí, y ejércitos guerrilleros, unos marxistas ortodoxos y otros heterodoxos, y paramilitares y narcotraficantes, en lucha contra las fuerzas militares de un estado que no pocas veces resultó desdibujado y llegó a perder el control de vastas zonas rurales.
En visitas recientes que por motivos de mi oficio literario he hecho a Cali y Bucaramanga, el asunto de los acuerdos de paz no ha faltado en las conversaciones, en los debates, y en las entrevistas de prensa, y lo primero que he dicho a todos es que si yo fuera colombiano votaría por el sí.
Tomé como referencia mi propia experiencia respecto a los acuerdos que pusieron a fin a las guerras que tantas muertes, daños y sufrimientos causaron en la década de los 80 en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, muertos, desaparecidos, mutilados, desplazados; guerras que de diversas maneras envolvieron también a Honduras y Costa Rica.
Los compromisos alcanzados fueron similares en cuanto a sus bases, e incluían el desarme de las fuerzas insurgentes, su incorporación a la vida civil, y el derecho a organizarse como partidos políticos. Es lo mismo que, con sus propias particularidades, habrá de ocurrir en Colombia: cambiar las balas por los votos.
Y la paz se logró en Centroamérica porque no había solución militar al conflicto.
Las fuerzas insurgentes, de derecha e izquierda, no podían ser derrotadas por las armas, y como no se trataba de una rendición en la que el vencedor impone sus términos, en la mesa de negociaciones las partes tuvieron que hacer concesiones mutuas.
Más compleja la guerra colombiana que la centroamericana porque el narcotráfico no había aún metido sus garras tan a fondo en la región como ahora, y por tanto no llegó a financiar ni armar bandos ni a involucrarlos en el negocio de la coca. En ese caso, la solución se habría complicado hasta extremos impredecibles.
Lo que más se discute en Colombia es el asunto de la impunidad, quiénes pagarán por los delitos cometidos durante la guerra y quienes no. Sin embargo, los acuerdos no dejan de lado la impunidad total. Establecen un sistema de justicia transicional con penas diferenciadas para delitos confesados y no confesados, y excluye los crímenes de lesa humanidad que son referidos al Estatuto de Roma; es decir, serán juzgados por la Corte Penal Internacional de La Haya.
Un avance, porque al alcanzarse la paz en Centroamérica, la responsabilidad por los crímenes nunca quedó explícita en los acuerdos ni tampoco se tomó en cuenta a las víctimas ni a sus deudos, como sí ha ocurrido durante el proceso de negociaciones en Colombia.
Héctor Abad Faciolince, mi amigo escritor que tiene toda la autoridad moral del mundo para hablar de este tema porque su padre, el doctor Héctor Abad Gómez, defensor de los derechos humanos, fue asesinado por paramilitares en 1987 en una calle de Medellín, de donde resultó un libro ejemplar, El olvido que seremos, ha escrito en un reciente artículo que termina con una frase lapidaria:
“La paz no se hace para que haya una justicia plena y completa. La paz se hace para olvidar el dolor pasado, para disminuir el dolor presente y para prevenir el dolor futuro”.
Él votará por el sí.