Las recientes declaraciones del gobierno sobre su intención de llevar a cabo reformas electorales no solo son imprescindibles, sino también necesarias. Esta decisión es adecuada y tiene como objetivo finalmente mejorar y reformar el sistema partidista actual. Si estas futuras reformas se implementan, no solo transformarán el escenario político presente y futuro, sino que también modificarán la sociedad y nos guiarán hacia la mejora del sistema actual que ha sido perjudicial para nosotros.
Es esencial abordar la financiación pública de los partidos políticos. En la actualidad, se busca un Estado con funciones claras y limitadas, sobre todo ahorrativo, lo que implica la eliminación o reducción de subsidios públicos a estos partidos. Además, se exige mayor control y transparencia sobre el dinero que reciben, debiendo justificar cada dólar gastado, ya que se trata de fondos públicos pagados por nuestros impuestos.
En el caso argentino, el presidente Javier Milei tiene previsto presentar al Congreso la propuesta de eliminar todo financiamiento estatal a los partidos políticos. La intención es avanzar hacia un modelo similar al estadounidense, donde los miembros de los partidos aportan sus propios recursos para su mantenimiento. El financiamiento que reciben proviene exclusivamente de los miembros de su propio partido, a través del pago de cuotas o suscripciones, así como de donaciones privadas. En el caso de España, por ejemplo, cualquier donación superior a 25,000 euros debe ser declarada públicamente.
Estas medidas tienen como principal objetivo garantizar que los fondos del Estado se utilicen donde más se necesitan, además de asegurar que los partidos políticos tradicionales no dependan del Estado para su subsistencia. Es innegable que existe una relación evidente entre el dinero y la política, lo cual tiene consecuencias directas sobre la democracia, la representación y la gobernabilidad. Inicialmente, la financiación pública para los partidos políticos tenía como objetivo fomentar el crecimiento de los partidos en cuanto a adherentes, la creación de nuevos partidos y evitar su dependencia de identidades, personas o instituciones externas que pudieran influir en sus decisiones. Estas ayudas, subvenciones o aportes del Estado se implementaron originalmente para fortalecer democracias frágiles o contribuir a su desarrollo.
No obstante, este proceso debía estar acompañado de un sistema de transparencia y rendición de cuentas eficiente, con el objetivo de que la contribución estatal disminuyera gradualmente, permitiendo así destinar esos recursos a las necesidades básicas de la población. En democracias consolidadas, se busca minimizar la intervención del Estado en la financiación de los partidos políticos para que el elector pueda identificar claramente los intereses financieros detrás de los partidos que apoya y evitar actos de corrupción tanto en los partidos como en el gobierno. Para que la rendición de cuentas sea efectiva, debe ir acompañada de la divulgación de información de manera clara y accesible para todas las personas. Esta divulgación debe incluir a todos los actores involucrados en el proceso, como el candidato, el partido, los nombres completos de los donantes y montos, los organismos públicos participantes, y los terceros que recauden o canalicen fondos para los partidos y candidatos, sobre todo en qué se gastó dicho dinero.
La mayoría de los países, especialmente los latinoamericanos, tienen la tradición de que el financiamiento de los partidos esté bajo el control del organismo electoral correspondiente. No obstante, debido a la falta de supervisión sobre este tema, en algunos países se implementan procesos alternativos de control por parte de otros organismos estatales, como la Contraloría General o cualquier otra institución encargada de la auditoría de los recursos públicos. Entre otras alternativas que se utilizan para mejorar el sistema, es esencial que la supervisión y control de los fondos destinados a los partidos políticos sean auditados al menos dos veces al año, de manera independiente, por un organismo especializado en esta tarea, que no esté afiliado ni al partido ni al Estado.
En cuanto a la eliminación del financiamiento estatal para los partidos políticos, existen diversas alternativas. Entre ellas se encuentra la financiación privada, que incluye donaciones de personas, individuos y organizaciones, así como las donaciones en línea y eventos de recaudación de fondos. Otra opción es el cobro de cuotas de membresía, lo cual no solo genera ingresos internos, sino que también fomenta una participación más activa de los miembros en las actividades del partido. Además, existe la posibilidad de un financiamiento mixto, combinando la financiación pública y privada, donde el Estado proporciona un mínimo de fondos complementados con aportaciones privadas. Otra estrategia es el “crowdfunding”, utilizado para recaudar fondos para el partido. Asimismo, se podría considerar la recepción de fondos basada en el desempeño en elecciones anteriores, lo cual puede incluir el número de votos obtenidos o la representación legislativa. Sin embargo, este último método está en desuso y debe ser utilizado en menor medida con el fin de que los partidos grandes no tengan más recursos que los pequeños.
El autor es abogado.
