Las publicaciones recientes que indican el estado desastroso de las finanzas públicas, que reflejan recaudaciones sustancialmente menores que las del año pasado y con gastos mayores, resultando que el endeudamiento interno a los proveedores de bienes y servicios locales sigue aumentando, la ministra actual dice que las cosas van a mejorar en el segundo semestre, ya que las recaudaciones aumentan. Parece ignorar que siempre, todos los años, las recaudaciones del segundo semestre son mayores que las del primer semestre, pero eso no indica que van a ser mejores que las del año anterior. Claro, y para cumplir con el límite de responsabilidad fiscal, toca la contención del gasto, que no es otra cosa que dejar de pagar las cuentas o solicitar dispensa.
El “gobierNito” ha prometido que va a pagar las deudas atrasadas que va a dejar el gobierno saliente, pero no ha dicho de dónde saldrán los fondos, pues pareciera que de las recaudaciones del segundo semestre no saldrán los mil millones de balboas que se estima ascienden estas. Pareciera que el recurso probable es que se sustituyan acreedores pidiendo dinero prestado para pagar las deudas atrasadas. Incumplir esta promesa de campaña sería un mal presagio.
La administración eficiente de las finanzas públicas será la solución perfecta a largo plazo, pero ¿qué hacer de aquí a que termine el año 2019,cuando cuenta con un saldo presupuestario absurdo? Para el tercer trimestre, cuando se evaluarán los primeros 100 días de su gobierno, sus logros serán modestos y todavía la ciudadanía quedará a la expectativa de mejores resultados. Pensemos a futuro.
¿Por qué no cambiar el año fiscal de la República a uno que termine el 30 de septiembre de cada año, como lo tiene la Autoridad del Canal de Panamá? Esto es sencillo y no cuesta nada: simplemente se hace un nuevo presupuesto que se inicie el 1 de octubre de 2019 y termine el 30 de septiembre de cada año y así sucesivamente. El presupuesto es una ley y por lo tanto requiere de otra ley que pudiera ser aprobada sin mayores dificultades con la mayoría simple con la que se cuenta en la Asamblea.
Esto no sería solamente para ayudar al “gobierNito” sino un legado a futuro que permitiría administrar más eficientemente las finanzas públicas. Algunas de las razones:
•Durante los meses de octubre a diciembre se recibe el mayor porcentaje de los ingresos públicos y recaudaciones, por lo que se conocería al inicio del nuevo año fiscal y permitiría conocer los recursos con que cuenta el Estado y minimizaría la contención del gasto.
•Al inicio del año fiscal se pudieran realizar los actos públicos de licitaciones y entregar órdenes de proceder antes de que llegue la estación seca, lo que agregaría eficiencia.
•Todos los actos de reparaciones de escuelas estarían listos para empezar a realizarse al momento en que empiecen las vacaciones escolares y no como ahora, que se entregan órdenes de proceder cuando faltan pocos días para que empiecen las clases. Igual para el nombramiento de maestros.
Este cambio no afecta en nada a los contribuyentes naturales o jurídicos, pues seguirán aplicándose las mismas normas y requerimientos, ya que solo afectaría al Estado. Y sobre las estadísticas oficiales, simplemente se interpolan para que sean comparativas.
Hay muchos más elementos que respaldan los beneficios de un cambio de año fiscal para la república y, puede lograrse preparando y aprobando un nuevo presupuesto antes del 30 de septiembre de 2019, pues el “gobierNito” cuenta con los recursos humanos para realizarlo.
El autor es ciudadano