Un crédito fiscal superior a cualquiera otro emitido anteriormente por la República de Panamá o gobierno alguno de Centroamérica y probablemente del continente será hecho por el Ministerio de Comercio e Industrias o la Contraloría General de la Nación.
Dentro de poco tiempo la Minera Panamá, S.A. presentará al Ministerio de Economía y Finanzas una nota por la cantidad de dinero que dice haber invertido en las instalaciones para la explotación minera de los depósitos cupríferos y otros metales de Donoso, provincia de Colón. En su página web dicen haber invertido hasta el momento 6 mil 300 millones de dólares, y que la inversión final será de 6 mil 400 millones.
De acuerdo con la inconstitucional, la ley 9 de 1997 (Contrato Ley de Petaquilla, S.A.) el Estado deberá emitir a pedido de la minera en el menor tiempo posible un crédito fiscal igual a suma invertida por la empresa, para empezar las operaciones de extracción y también lo invertido a lo largo de los años que dure la explotación minera, lo que quiere decir que lo que le pagaremos a la minera será mucho más de esos 6 mil 400 millones iniciales. Textualmente, dice la Cláusula Decimoquinta del contrato: “Dicho crédito fiscal será igual a las sumas invertidas por LA EMPRESA, sus afiliadas, contratistas y subcontratistas durante la vigencia de este contrato en infraestructura y ateniente a EL PROYECTO de los siguientes tipos y categorías”.
En los literales, que van del “A” hasta la “F” se enumeran que el Estado pagará sin limitarse a: infraestructura y equipos de transporte, carreteras, ferrocarriles, puentes, plantas generadoras de energía, líneas de transmisión de energía eléctrica y líneas de transmisión de telecomunicaciones.
Además de facilidades e instalaciones para el transporte, almacenaje, tratamiento y remoción de aguas, incluyendo canales, diques, acueductos, cañerías, tuberías, represas, tanques de almacenaje y embalses. Entre otras, instalaciones marítimas, puertos, muelles, dársenas, rompeolas, instalaciones móviles y fijas para la carga y descarga de naves, facilidades para la carga botadura y carga de barcazas; viviendas o alojamiento para trabajadores.
También, infraestructuras de tipo social, incluyendo hospitales y estaciones de primeros auxilios, estructuras para uso recreacional de la comunidad, calles, aceras y ornamentación; construidos con previa autorización del Estado; y casi cualquier gasto en que pudiera incurrir la empresa minera.
Desde luego que un crédito fiscal por una suma así es exorbitantemente enorme, (cercano al costo del tercer juego de esclusas), todo un súper récord para un país de América Central.
También hay que destacar el hermetismo con que este tipo de entregas del patrimonio nacional se llevan a cabo, alejadas totalmente de la vista pública, con nocturnidad y alevosía se firma la entrega del futuro del país a los intereses de grandes consorcios mineros canadienses de reconocida y sabida fama mundial por la forma en que se aprovechan de las riquezas minerales de los países pobres.
En el centro de este espinoso asunto está, y de forma destacada, quien será el personaje, traidor y apátrida que firme y entregue este o estos créditos fiscales; quien tal cosa haga sabrá de antemano que él, su familia y su descendencia serán recordados y maldecidos por las generaciones presentes y futuras como el que firmó la entrega de la mayor riqueza de este país a los intereses de otra nación.
Por el monto económico, es como si entregara el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá. Este personaje gozará de un repudio histórico que lo acompañará más allá de las generaciones. ¿Cuál ministro será? ¿Cuál contralor será? ¿Qué funcionario será? ¿Qué presidente será? Finalmente, ¿quién firmará el crédito fiscal?
El autor es miembro de la Coordinadora Campesina por la Vida.