CORRUPCIóN

Un flagelo para la competitividad

El concepto de competitividad es definido por el Foro Económico Mundial (FEM), como las instituciones, políticas y otros factores que impulsan la productividad. Este último concepto es determinante para el crecimiento económico a largo plazo y, es una condición necesaria para un mayor progreso y desarrollo social, lo que es el objetivo de todas las naciones.

Panamá en la última medición realizada por el FEM a través del Índice Global de Competitividad (ICG4.0-2019), ocupó la posición 66 de 141 economías. Destacando en la clasificación con posiciones competitivas en los pilares de salud, sistema financiero, estabilidad macroeconómica, sistema financiero y mercado de producto. Sin embargo, se observan resultados con menor competitividad en los relacionados a los pilares de mercado laboral (92), habilidades (88), adopción de TIC (86) e instituciones (80).

Entre los pilares menos competitivos se encuentra el de Institucionalidad en el que se localizan los indicadores que guardan relación con la corrupción, siendo aspectos como su independencia judicial, eficiencia del marco jurídico en la solución de conflictos en los que se obtuvieron las posiciones 129 y 110 respectivamente. No es nuevo decir que la corrupción es un mal que afecta a muchos países, principalmente los de Latinoamérica, es decir, se ha convertido en problema mundial que genera un costo económico y social. Este costo se percibe a través de la perdida de la confianza en la institucionalidad, las políticas públicas se hacen ineficientes y se da un uso incorrecto a los fondos del Estado que no llegan a los reales beneficiarios y por ende no se logra revertir las situaciones de desigualdad, pobreza y vulnerabilidad, dejando de aplicar esos fondos en inversiones productivas, restando bienestar y paz social.

En la evaluación 2019 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Panamá quedó en el puesto 96 de 180 economías (37 puntos de 100, donde 0 indica altos niveles de corrupción y 100 ínfimos niveles de corrupción); dejando en evidencia como este flagelo ataca al país y donde cada vez quedamos en posiciones más rezagadas. La corrupción causa efectos nocivos al país: arraigos como el “juega vivo”, los delitos que salen impunes, el nepotismo, la falta de transparencia y rendición de cuentas, por mencionar algunos, son acciones que perjudican seriamente la competitividad, que tiene efectos en el crecimiento y desarrollo socioeconómico, impactando también la atracción de la inversión local y extranjera.

Al segundo trimestre 2019, el país creció 2.9% situación que muestra una ralentización de la economía en comparación al 3.7% de crecimiento observado al cierre del año 2018, uno de los más bajos de los últimos años. Seguimos creciendo, pero cada vez a menores tasas y con un desempleo en aumento, ante unas finanzas publicas austeras. Este es un panorama que requiere del esfuerzo de todos los actores, donde el sector público y el privado trabaje en forma mancomunada para lograr mejores resultados, lo cual se obtendrá –entre otros- con el freno a los actos de corrupción y con una población que tenga confianza y apueste por el bienestar del país.

El fortalecer la institucionalidad, entendiendo ésta como las reglas del juego en que se desenvuelve la sociedad, es vital para aminorar la corrupción y sus efectos. Como señala Patricia Moreira, directora general de Transparencia Internacional, “La corrupción destruye la democracia para producir un círculo vicioso, donde la corrupción socava las instituciones democráticas y, a su vez, las instituciones débiles son menos capaces de controlar la corrupción”. El educar a la población para que tenga una opinión crítica y exija transparencia y justicia, y respete y defienda sus instituciones, es también un ingrediente para evitar que este flagelo – la corrupción- deteriore el país y así, poder elevar los niveles de competitividad.

La autora es analista del Centro Nacional de Competitividad

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