CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Nuestra frontera marítima con Costa Rica

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A inicios de este mes de febrero, mientras las autoridades panameñas se aprestaban a celebrar las fiestas del Carnaval, en la ciudad de La Haya, Holanda, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) –el principal órgano judicial de la ONU– dictaba una importante sentencia de fondo que, por la relevancia de las materias resueltas, ha debido llamar la atención del Gobierno Nacional.

Pronunciándose sobre los méritos de un proceso contencioso, el caso Delimitación Marítima en el Mar Caribe y el Océano Pacífico (Costa Rica vs. Nicaragua), la CIJ determinó, con sustento en normas aplicables de derecho internacional, que Costa Rica posee derechos sobre áreas marinas en el mar Caribe limítrofes con Panamá que nuestro país había convenido reconocer bilateralmente como pertenecientes a Colombia.

En 1976, en el Tratado sobre Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas entre Panamá y Colombia, ambos países establecieron sus fronteras marítimas conjuntas. No obstante, este tratado era ajeno a las pretensiones territoriales en el mar Caribe tanto de Costa Rica como de Nicaragua, terceros Estados que nunca han ratificado un tratado sobre fronteras marítimas con Colombia. A su vez, Panamá no encontró necesario suscribir uno similar con Nicaragua.

Cuatro años después, en el Tratado sobre Delimitación de Áreas Marinas de Cooperación Marítima, firmado en San José en 1980, Panamá y Costa Rica acordaron su frontera en el mar Caribe por medio de una línea recta trazada desde la desembocadura del río Sixaola “hasta un punto localizado en la latitud norte 10º 49’ 00”, longitud oeste 81º 26’ 08.2”, donde se intersectan los límites de Costa Rica, Colombia y Panamá” (Art. 1).

Pero, según la CIJ en su sentencia de febrero de 2018, esos límites son inexistentes. No intersectan en dicho punto, pues las áreas marinas situadas al norte y al noreste de este, de acuerdo con el derecho internacional, no son consideradas colombianas.

Ya, desde noviembre de 2012, en una sentencia anterior sobre la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua en el mar Caribe, en el caso Disputa Territorial y Marítima (Nicaragua vs. Colombia), la CIJ había cuestionado las fronteras marítimas que Panamá y Colombia pactaron en su tratado de 1976, a lo largo de un amplio sector del mar Caribe, uno que la CIJ juzgó entonces no ser colombiano. Producto de tal determinación es que allí, implica la CIJ, no puede hallarse una frontera marítima colombo-panameña.

Ahora, en su nueva sentencia de este mes, la CIJ dispone que parte de ese mismo sector marino es costarricense.

Las consecuencias para Panamá de las eventuales sentencias en estos casos internacionales entre Colombia, Costa Rica y Nicaragua fueron advertidas reiteradamente hace años por el suscrito en diversas publicaciones en La Prensa (“Colombia y Nicaragua en La Haya”, “Panamá pierde frontera marítima”, “Colisión en el Caribe”: 12/2007, 11/2012 y 9/2013, respectivamente) y Panamá América (“Nuestros vecinos en conflicto”, “Nuestra frontera marítima en peligro” y “Tregua en Santo Domingo”: 10/2006, 12/2007 y 3/2008, respectivamente).

En ellas exhortaba: “No dejemos para última hora una defensa nacional que después, por incapacidad y negligencia, nos puede costar territorial y económicamente en grande”. Sin embargo, a lo largo de tres gobiernos panameños, las advertencias fueron ignoradas y nuestro país se desentendió de esos casos. En ninguno se convirtió Panamá en Estado interviniente para defender sus intereses marítimos, tal como permite el estatuto de la CIJ a terceros Estados con intereses de orden jurídico comparables con los de las partes en cada caso.

Como resultado de tan indolente abandono, a Panamá obligatoriamente le corresponde la nada fácil tarea diplomática y jurídica de negociar nuevas fronteras marítimas en el mar Caribe no solo con Colombia y Nicaragua, sino ahora también con Costa Rica.

El autor es abogado y árbitro internacional.

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