El 7 de febrero de 2010, el jefe del Estado venezolano y mesías de la revolución bolivariana, al comenzar su programa dominical Aló Presidente, hizo un recorrido por la plaza Bolívar acompañado por un grupo de “custodios del Libertador”, con quienes rememoró aspectos históricos del lugar. Cuando el militar y padre del socialismo del siglo XXI preguntó qué uso tenía en la actualidad la casa donde vivió Simón Bolívar después de casarse, el alcalde Rodríguez le indicó que estaba ocupada por varios negocios privados y Chávez exclamó: “¡Exprópiese!”. Seguidamente preguntó por otros tres edificios y, al recibir la misma respuesta, repitió: “¡Exprópiese!”.
Acto seguido, el autoritario comentó: “No es posible que estos edificios, con tanta historia, con tantos legados de nuestros próceres, estén ocupados por comerciantes”.
Chávez murió en 2013 y, unos lustros después, parece haber reencarnado como el mesías de la Revolución Macroeconómica (RM) panameña, con unos inquietantes reflejos autoritarios en cuanto a la seguridad jurídica en el istmo canalero.
En los primeros 18 meses del gobierno de RM, después de que la “Gestapo criolla” metiera presa o exiliara a la oposición, se han producido, de manera gradual y a través de un proceso de ensayo y error, acciones repetidas contra la propiedad privada que afectan negativamente el grado de inversión, que revisaré a continuación:
En primer lugar, las reformas del seguro social expropiaron los ahorros generados por el sistema mixto de pensiones de la Ley 51 de 2005. En defensa del gobierno, se podría decir que los “supuestos ahorros” no se pueden usar como compraventa, permutación, donación o garantía; y, si bien es cierto que la pensión es parte del patrimonio de la persona, no es una forma de propiedad privada, ya que existen diferencias notables que se manifiestan en la naturaleza jurídica y en los actos que pueden realizarse con ella. Al final, el régimen encarceló a sus detractores y nos quitó parte de nuestro patrimonio en la Ley 462.
En segundo lugar, en octubre de 2025, mediante el Decreto Ejecutivo N.° 90, se ordenó la expropiación extraordinaria de 41 fincas ubicadas en isla Margarita, inscritas a nombre de Panamá Colón Container Port, Inc. (filial de China Landbridge Group), como parte de la estrategia estatal para el desarrollo del sector marítimo y portuario del Atlántico panameño.
En tercer lugar, bajo la aplicación de nuevos marcos legales nacionales a un viejo contrato y presiones de seguridad hemisféricas, se le expropiaron de facto (creeping expropriation) los puertos de Balboa y Cristóbal a CK Hutchison para otorgarle la administración de los mismos a la danesa APM Terminals. El exitoso modelo del paso firme, conocido en inglés como “Project Vault”, se estaría exportando al puerto de Lázaro Cárdenas, al puerto de Chancay y al de Paranaguá. Si la maldad radical usó el lawfare contra profesores, maestros, sindicalistas y luchadores sociales, ¿por qué no íbamos a usar la receta contra las empresas del Partido Comunista de China Popular en Panamá o cualquier otra empresa declarada enemiga del régimen?
En cuarto lugar, mediante el Decreto Ejecutivo N.° 3 del 13 de febrero de 2026, el Gobierno nacional ordenó la expropiación parcial de una hectárea donde se encuentra el Centro Educativo Básico General de Cerro Tigre, “por motivo de interés urgente”, en favor del Ministerio de Educación (Meduca).
El derecho a la salud es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, sin discriminar su origen. Y ese derecho tiene que estar garantizado por una obligación financiera del Estado panameño. En quinto y último lugar, la expropiación más preocupante que se está llevando a paso firme es la expropiación de bienes de la Caja de Seguro Social, disfrazada como sistema único de salud.
El pueblo panameño necesita atención oportuna en salud, pero no a costa de quienes trabajan y aportan mediante descuentos quincenales obligatorios, sino a través de la asignación de recursos suficientes del presupuesto del Estado en relación con el producto interno bruto per cápita. Para que en Panamá exista un sistema único de salud, debe implicar una indispensable ampliación de la capacidad recaudatoria del Estado.
Para hablar de un sistema único, había que hablar de una reforma tributaria con consenso nacional.
Cada quien debe pagar según sus capacidades y recibir atención según sus necesidades para que el acceso a la salud no se convierta en un elemento de desigualdad, sino en una herramienta de equidad social.
Universalidad no significa expropiar lo que se ha construido con el sacrificio de nuestras cuotas obligatorias durante años para la taquilla del régimen autoritario.
Hoy la plaza Bolívar es un territorio prochavista en el centro histórico de Caracas, con cafés, restaurantes y bistrós donde la municipalidad “concede” las licitaciones de acuerdo con la fidelidad del arrendatario al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Los graves daños en el arbitraje de CK Hutchison contra el Estado panameño los pagaremos todos, y esperamos que la inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia no haya sido para que allegados al régimen se beneficien de nuevas empresas en la logística portuaria de Cristóbal y Balboa, como hace en la actualidad el PSUV en la plaza Bolívar de Caracas.
Cuando llegaron al poder en Alemania, los nazis no empezaron de inmediato a perpetrar el asesinato masivo de judíos. Sin embargo, rápidamente comenzaron a utilizar al gobierno para atacar y excluir a los judíos de la sociedad alemana. Esperemos que el régimen macroeconómico panameño no esté promulgando selectivamente leyes discriminatorias contra los negocios del pueblo de China Popular y organizando la violencia contra los dueños de la Caja de Seguro Social, que somos los trabajadores.
Estábamos advertidos desde la campaña electoral de 2024: “El gobierno manda, y si se equivoca, vuelve y expropia”.
El autor es médico sub especialista.
