CASO SOHO MALL

Una grave omisión

Desde el momento en el que las autoridades americanas publicaron los cargos en contra de Abdul Waked para justificar su inclusión en la Lista Clinton, nuestro gobierno debería haberle exigido las pruebas en que basaban su posición, como han hecho actualmente en las denuncias en contra de Ramsés Owens, en cuyo procesos fiscales americanos se han presentado con lo que consideran evidencias que sustentan los cargos formulados en su contra.

Una vez recibidas las pruebas en contra de Waked, la Procuraduría hubiera podido abrir el correspondiente proceso penal en su contra, con miras a establecer en un amplio debate procesal el valor o carencia del mismo de dichas pruebas y, según el resultado al respecto, condenar o absolver al encausado.

El interés de la República de Panamá así lo requería, porque los cargos en contra de Waked afectan la reputación de nuestro país, constantemente vapuleado como centro de lavado de dinero de que nos acusan nuestros enemigos enquistados en la OCDE y en la GAFI. No haberlo hecho deja las puertas abiertas para que se continúe con tan acerbos ataques.

Lamentablemente Waked tampoco se preocupó por pedirle a Panamá, donde se supone llevaba a cabo las actividades ilícitas que se le imputaban, que solicitara, como país interesado en limpiar su nombre, las pruebas a fin de dilucidar mediante el proceso penal correspondiente la verdad o falsedad de las incriminaciones.

Como resultado de tan grave omisión de ambos (Cancillería y Waked), Estados Unidos procedió a sus anchas a aplicar las sanciones económicas ya sabidas que lesionaron no solo los negocios del denunciado, sino también los de sus acreedores (y trabajadores de estos) que, en definitiva, fueron los que presionaron al Gobierno a intervenir en busca de una fórmula legal transaccional para lograr una solución distinta a la adoptada extrajudicialmente por las autoridades americanas de burda presión económica.

No fueron ni el Banco Nacional de Panamá ni la República los que presionaron a Waked, fueron Estados Unidos y los acreedores del mismo Waked los que ejercieron presión para aliviar el peso de las medidas unilaterales de los americanos que afectaban igualmente a un número plural de trabajadores.

Lo logrado en Panamá era la mejor fórmula legal para evitar ese daño y probablemente el descalabro total de las empresas del enlistado. Fue mediante el fideicomiso acordado entre Waked y sus acreedores, teniendo al Banco Nacional como simple fiduciario, como el fideicomitente (Waked) y los fideicomisionarios (sus acreedores) alcanzaron la fórmula de pago de estos con el menor daño posible de Waked. De lo contrario es posible que el problema hubiera podido abarcar en una quiebra que a nadie convenía, mucho menos a Waked.

Se logró un práctico y conveniente concordato preventivo extrajudicial con miras a satisfacer, hasta donde fuera posible, los intereses en juego, económicos de la parte de Waked y sus acreedores, y social de parte de la República de Panamá en vela de los miles de trabajadores que se verían afectados (y que, a pesar de todo, sufrieron serios daños), así como el resto de la economía del país que sufriría indirectamente y por carambola los efectos de una quiebra que prometía ser ruidosa y causante de varias otras quiebras en cadena.

Pronunciándose sobre esta figura jurídica nos dice el profesor de la Universidad de Bolonia, Italia, León Boláffio “…el concordato preventivo es la ordenación amistosa judicial de un desequilibrio comercial con el objeto de evitar, posiblemente en interés de todos, una liquidación forzada….”, y agrega: “El concordato preventivo debe poderse celebrar con rapidez y economía”, para finalizar diciendo: “ Si pudiese efectuarse sin publicidad, extrajudicialmente, sería el ideal de los arreglos “ (Véase Tratado de Derecho Comercial, de Boláffio, Rocco y Vivante, Volumen III De la Quiebra, por Boláffio página 7, traducida por Rodríguez Acme, Jorge y Sentis Melendo, Santiago.)

Eso fue lo que se hizo en Panamá. Si no se está de acuerdo, todavía estamos a tiempo para que el Gobierno exija las pruebas que se supone justifican los cargos en contra de Waked y para que vayamos así al correspondiente proceso penal aclaratorio de este vergonzoso embrollo que afecta, más que a Waked, a nuestro país, donde, de ser fehacientes las pruebas que dicen tener lo americanos, es probable se hubieran llevado a cabo los entuertos que se le endilgan.

La que ha quedado en entredicho es, en todo caso, la República de Panamá, tanto frente a los que constantemente cuestionan nuestra plataforma de servicios, como frente al mismo Waked, que incluso la demanda conjuntamente con el Banco Nacional, siendo él el principal responsable de este penoso asunto que no ha sabido limpiar su nombre.

En vez de ello, Waked, en un gesto propio de quien no agradece la acogida recibida de un país que le abrió generosamente sus puertas para llevar a cabo sus actividades lícitas, pero no para que empañara su imagen, decide demandarlo, en lugar de demandar al país que lo cuestionó.

La ocasión es propicia para que la canciller, ahora que necesita ganar méritos para lograr su nombramiento en la directiva del Canal, adopte una medida más enérgica en defensa del nombre de Panamá.

El autor es abogado

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