Después de haber pasado muchos años de vida profesional en la banca como fundador de bancos, director de juntas bancarias, y además como oficial, no tengo duda alguna de que como país tenemos que ajustarnos a las nuevas modalidades de control del mercado internacional al cual servimos. La banca panameña ha hecho mucho por cumplir, y la Superintendencia de Bancos se parece cada vez más a los reguladores bancarios de primer mundo. Esto se comprueba con los ejemplos que están a la vista. El primero es que a todos nos consta que para que un extranjero pueda abrir una cuenta bancaria en un banco de nuestro centro bancario tiene que pasar por una investigación rigurosa y demorada. Es mucho más fácil abrir una cuenta bancaria como extranjero en cualquier ciudad norteamericana que en nuestro Panamá.
Lo segundo es que cuando se produjo el escándalo internacional de los mal llamados Panama Papers, no hubo afectación alguna en los depósitos del centro bancario panameño; o sea, que la gran mayoría de las sociedades panameñas que produjeron el escándalo no tenía sus depósitos bancarios en Panamá.
Sin duda alguna, ha habido una gran reducción en el negocio de formación de sociedades panameñas. Seguramente se fueron todas aquellas que estaban en alguna trampa, pero el daño reputacional causado ahuyentó también a las de negocios legítimos, ya que hay tantas opciones en jurisdicciones de EU, Europa y otras latitudes, que es preferible para estos clientes pasarse a las que no están en primeras planas internacionales.
Hay algunos abogados panameños que han sacado la bandera nacionalista y piensan resolver el problema con gritos estridentes… incluso atacando el gobierno de turno de “vendepatria” por no declararle la guerra al GAFI, y otros, haciendo caso omiso de los actos muy criticables que produjeron el escándalo.
Una cosa es ser nacionalista y otra muy distinta es creer que la solución a un problema de confianza jurídica y financiera a nivel internacional se puede solucionar con declaraciones de guerra.
Esta es una guerra de inteligencia y no de gritos.
Existe en todo el panorama una gran injusticia, más allá de los actos inaceptables de ciertos panameños, y esto es que los mismos países que están amenazando y presionando a Panamá de que haga ajustes a su legislación –porque si no los hacemos vuelven a ponernos en listas grises o negras- tienen en sus jurisdicciones propias agentes económicos haciendo exactamente lo que piden que nuestro país cambie.
¿Y cómo –con inteligencia– resolvemos esta injusticia? Primero, atendiendo con firmeza, pero sin estridencias, los reclamos, porque no podemos caer en las listas grises y negras por una sola razón vitalmente importante. Nuestra banca perdería sus corresponsalías internacionales, y además de perder el negocio de sociedades del todo, perderíamos nuestro centro bancario internacional. Un banco sin corresponsalías en un mercado tan pequeño como Panamá simplemente pierde su negocio y- ¡cuidado! - que su viabilidad!
Lo que tenemos que hacer es formar un ente de expertos con credibilidad y sin conflictos de interés y comenzar a publicar los ejemplos (con pelos y señales) de actos de agentes económicos de los países GAFI que en este momento hacen en sus países exactamente lo que le critican a Panamá.
Álvaro Thomas es quien más se acerca a lo que sugiero, pero con la dificultad de ser abogado afectado . En su último artículo dio detalles criticables específicos en Estonia, el Reino Unido, Finlandia y Francia. Como él, hay muchos conocedores de casos como los que él describe. Hay que crear no un “white paper”, sino un “white book”.
Solo debilitando con hechos ciertos al acusador se pueden ir planteando las injusticias del mismo hasta que pierda credibilidad.
A la vez, hay que ser propositivos sobre cómo debe ser la regulación internacional de los sistemas financieros y jurisdiccionales.
¡Tienen tarea los conocedores!
El autor es fundador del diario ‘La Prensa’