El momento es oportuno para traer a la opinión pública la discusión sobre la verdadera causa raíz del mal funcionamiento del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y, por extensión, de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en la República de Panamá. La tesis central es que esta situación no obedece únicamente a deficiencias técnicas o coyunturales ni a falta de capacidad de sus ingenieros, sino a más de 24 años de malas prácticas de gobierno corporativo, entre las que destacan la intervención del Estado, la responsabilidad de juntas directivas conformadas sin criterios de méritos suficientes y la ausencia de una autonomía administrativa y financiera real. En particular, los resultados del estudio del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá (IGCP) de 2016, descritos más adelante, dan fe de estas debilidades estructurales.
Afortunadamente, grupos empresariales y de la sociedad civil recibimos con gran satisfacción la noticia de que el gobierno de Panamá explora la posibilidad de lograr su adhesión al selecto grupo de 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), siguiendo una política de Estado de elevar la vara en materia de transparencia, competitividad y política fiscal. El objetivo de este cambio estructural para las entidades del Estado es fortalecer la administración pública, reducir el clientelismo y aumentar la transparencia, a fin de atraer la tan añorada inversión extranjera directa, para que genere plazas de trabajo y mejore la calidad de vida de los panameños.
Bajo esta plataforma se comparten mejores prácticas, estándares internacionales y se analizan datos económicos, ambientales y sociales, con los que se diseñan políticas públicas que, luego de un largo proceso de 3 a 10 años, logran mejorar el bienestar de la población y reducir la desigualdad social y económica, en la que Panamá penosamente se distingue.
Como mencioné al inicio, resulta especialmente ilustrativa la “Evaluación de las Prácticas de Gobierno Corporativo a 5 Empresas de Propiedad Estatal (EPE)” realizada por el IGCP en 2016, con base en una guía de la OCDE, edición 2015, que evalúa 100 mejores prácticas agrupadas en cinco categorías. De las cinco empresas estatales evaluadas, el Idaan obtuvo la calificación más baja (23/100). El promedio del grupo fue 28/100 y la calificación más alta fue de apenas 36/100. En 2019 se revisaron los hallazgos, pero no hubo mejoras en los puntajes obtenidos.
Cabe destacar que los principales hallazgos que explican la baja evaluación del Idaan apuntan a dos categorías que concentran el 53% del puntaje total: papel del Estado como propietario y responsabilidades de la junta directiva. Entre las brechas más relevantes detalladas en el informe se pueden resumir así:
• La junta no es autónoma ni responsable última del desempeño del Idaan.
• Ciertas decisiones sobre contrataciones, así como financieras, están sujetas a la aprobación del Órgano Ejecutivo, mientras que el presupuesto lo aprueban el gabinete y la Asamblea Nacional.
• La mayoría de los miembros de la junta del Idaan son nombrados por grupos de interés, sujetos a la aprobación del Presidente de la República, en un proceso poco transparente y sin indicios de que el mérito sea el criterio esencial de selección. Este proceso hace que la junta esté obligada con los poderes políticos, al igual que sea vulnerable a cambios tras cada administración.
• Existe información limitada sobre los controles del Idaan y no hay indicios de que la junta supervise su implementación o asuma responsabilidad por su debido funcionamiento.
• La divulgación de información es deficiente. El Idaan no prepara informes financieros bajo las NIIF, por lo que no hay datos consolidados disponibles sobre transacciones entre partes relacionadas. No hay indicio de que la junta disponga de algún mecanismo para controlar conflictos de intereses potenciales.
El pobre resultado obtenido por el Idaan es, sin duda, un reflejo de la enorme brecha que existe cuando se compara contra las mejores prácticas de gobierno corporativo de empresas estatales, y muy posiblemente es la causa raíz por la cual han desfilado 12 directores ejecutivos en los últimos 24 años.
Si bien es cierto que la crisis de agua potable, alcantarillado sanitario y manejo de aguas servidas que el país enfrenta actualmente es producto de la desidia de varias administraciones, no es menos cierto que la “fiebre no está en la sábana”, ni en los ingenieros que en su momento dirigieron una entidad que, a todas luces, está plagada de malas prácticas de gobierno corporativo, intervención del Estado y manejo político-partidista, como deja ver el antedicho estudio.
Al igual que muchos panameños preocupados por la ineficacia de la gobernanza del subsector de agua potable y saneamiento, a causa de la debilidad y fragmentación de sus instituciones responsables, somos optimistas de que el Ejecutivo llevará adelante una real reestructuración del sector, iniciando con la transformación del Idaan en una nueva corporación estatal de agua y saneamiento, administrada bajo los principios éticos, de mérito y buenas prácticas de gobierno corporativo de la OCDE.
Entre tanto, a pesar de condiciones adversas (burocracia, restricciones administrativas y presupuesto insuficiente), los ingenieros y el personal técnico sostienen “a duras penas” un servicio vital para cerca de 727,000 abonados en todo el país, de los cuales cerca del 94% es residencial, impactando directamente a hombres, mujeres y niños en el disfrute pleno de este y otros derechos humanos, como lo son la salud, el trabajo y la educación, lo que constituye una verdadera causa raíz de la mala distribución de la riqueza de este país.
El autor es ingeniero electromecánico y miembro de la Iniciativa Ciudadana Pro-Rescate del Agua.
