Tengo la obligación moral, al igual que todos los panameños, de expresarme acerca de la situación de la misma. Por eso, deseo hacer mi pequeña contribución.
El presidente José Raúl Mulino ha dicho que, con base en información e indicadores fundamentalmente técnicos, el Gobierno nacional tomará una decisión respecto a la reapertura o no de la mina a mediados de junio del presente año. Igualmente, ha insinuado (realmente, asegurado) que, de optarse por la decisión de reabrirla, el acuerdo alcanzado por nuestro Gobierno y la minera no será llevado ante la Asamblea Nacional (el foro ideal para un debate amplio, del cual podamos todos los panameños obtener el mejor resultado), lo cual me parece un craso y descomunal error, haciéndome sospechar inmediatamente de las buenas intenciones de esta negociación y de su resultado final que, tal como ocurrió con gobiernos anteriores, no sería necesariamente el mejor para nuestro país y sus habitantes.
Al punto anterior, solo agrego lo que consigna nuestra Constitución:
Artículo 159, numeral 15: “es función de la Asamblea Nacional… aprobar o desaprobar los contratos en los cuales sea parte el Estado, si ello no estuviere previsto de otro modo en esta Constitución o en la ley”.
Artículo 257: “Pertenecen al Estado las riquezas del subsuelo, las cuales pueden ser explotadas por el Estado o mediante concesiones otorgadas conforme a la ley. Para que estos contratos tengan fuerza de ley y otorguen derechos de explotación a largo plazo, deben pasar por el filtro legislativo”.
Cualquiera sea la conclusión del diálogo entre nuestras autoridades y los representantes de la minera (una APP o cualquier otra forma de manejo, asumiendo que la mina será reabierta), pienso que deberían exigirse cinco condiciones básicas como resultado del mismo:
Retiro de todas las demandas en contra de la República de Panamá (nacional e internacionalmente).
Independiente de otros tópicos considerados en el diálogo, de reabrirse la mina, el 10% de las acciones de la empresa resultante debe ser propiedad del pueblo panameño (esa es nuestra riqueza).
La empresa resultante pagará impuesto por sus ganancias y por todo lo que se lleva (cobre, plata, oro, etc.). Vuelvo y señalo: esa es riqueza propiedad del pueblo panameño, no de ningún gobernante, su círculo íntimo o partido político.
Eliminar todas las exoneraciones de las que gozan (si desean combustible, cómprenlo con impuesto; ¿hay que traer maquinaria? paguen su impuesto de importación, como todos los demás).
Tal vez el más importante: con total y absoluta responsabilidad ambiental. Esa mina solo deberá ser reabierta si contamos con garantías totales, absolutas y verificables de que no se convertirá en una fuente de contaminación y en enfermedad permanente para nuestro país y su población.
Y usted, señor lector, ¿qué opina al respecto?
El autor es médico en Changuinola, Bocas del Toro.
