No podemos pasar por alto que el derecho al agua es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional y que nuestro más alto tribunal lo define como un derecho que “resguarda tanto la prestación del servicio de suministro de agua en condiciones de calidad, equidad, sostenibilidad, regularidad y continuidad, como también respalda la garantía y protección ambiental del recurso hídrico” (fallo de 25 de mayo de 2017 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia). Sin embargo, este derecho desde hace décadas está siendo desconocido por las autoridades.
La reciente propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para transformar el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) en una empresa estatal autónoma llega en un momento crucial. No es un secreto que el modelo institucional actual de la entidad está agotado; el problema radica no solo en la capacidad de respuesta de su cuerpo técnico, sino en un diseño administrativo obsoleto que condena a la institución a la centralización burocrática, a los tiempos de la Ley de Contrataciones Públicas y a los vaivenes presupuestarios de cada quinquenio. El resultado lo sufren miles de panameños a diario al recibir un servicio deficiente, una gestión basada en parches y carros cisterna.
Frente a este escenario, la propuesta de modernización no debe interpretarse bajo el viejo fantasma de la privatización. El agua es, y debe seguir siendo, un derecho humano fundamental y un servicio público esencial; de lo que se trata es de rescatar la gestión hídrica para el Estado, pero bajo reglas de estricta eficiencia corporativa. Panamá no tiene que ir muy lejos para encontrar un referente. En esta línea, el “modelo ACP” demuestra que una entidad de propiedad enteramente pública puede operar con estándares de excelencia si cuenta con la autonomía financiera y operativa adecuada, alejada de los vicios de los políticos de turno.
Para viabilizar constitucional y legalmente esta transformación en nuestro país, se requiere el diseño de una ley orgánica especial aprobada por la Asamblea Nacional y una reforma constitucional para elevar al IDAAN a la categoría de empresa o autoridad del agua. Esta normativa debe dotar a la nueva empresa estatal de personería jurídica propia, patrimonio independiente y, fundamentalmente, de un régimen exclusivo de recursos humanos y contrataciones. El corazón de esta reforma debe ser la despolitización de su gobernanza. Una junta directiva cuyos miembros sean nombrados por períodos escalonados que trasciendan los ciclos electorales garantizaría una visión de Estado a largo plazo, permitiendo una planificación técnica continua de las redes de distribución y alcantarillado. En ese escenario, igualmente deberá designarse al director o gerente de la nueva empresa de agua.
La viabilidad social del proyecto descansa en su estructura financiera. La autonomía permitiría a la entidad gestionar de manera directa sus recursos, emitir bonos y acceder a financiamientos internacionales para megaobras de infraestructura sin asfixiar el presupuesto general del Estado. Para proteger a los sectores más vulnerables, la ley debe contemplar un sistema de tarifas sociales y subsidios cruzados bien focalizados, donde la eficiencia corporativa de la empresa absorba el costo social mediante los ingresos provenientes de los grandes consumidores y del sector comercial.
En la región existen ejemplos claros de que este modelo funciona. El caso más emblemático es el de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), en Colombia. EPM es una corporación ciento por ciento pública, propiedad del municipio, que compite con criterios de eficiencia privada. No solo ofrece agua de altísima calidad de forma sostenible y rentable, sino que sus excedentes financieros son transferidos anualmente al sector público para inversión social. Junto al modelo de EPM se encuentran también la Stadtwerke München (SWM), en Múnich, y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), en Costa Rica.
Garantizar el acceso al agua requiere tecnología, mantenimiento e infraestructura, elementos imposibles de sostener bajo una institución maniatada por la política y la paquidérmica burocracia estatal. La propuesta del BID nos abre una ventana de oportunidad única; es el momento de dar el salto normativo e institucional hacia una verdadera política de Estado hídrica que garantice el recurso para las próximas generaciones.
El autor es abogado.
