La idea de resolver los problemas de fondo que tenemos en la justicia constitucional no es nueva, pero hoy es más urgente que nunca, sobre todo después de lo que pasó con la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Electoral, que decidieron subirse el sueldo de manera arbitraria, sumado a la intención de la CSJ de obtener una jubilación vitalicia por ese monto. ¡Con razón el contralor mostró su preocupación de que, bajo esas condiciones, una demanda de inconstitucionalidad no llegue a ningún lado!
La gente está indignada y frustrada, y con toda la razón. Pero esto ha servido para que nos demos cuenta de las fallas estructurales que tiene nuestro sistema constitucional vigente.
Aunque la CSJ ya se retractó -parcialmente- por la presión popular y la Asamblea Nacional esté viendo cómo quitar esos privilegios, para mí, estas son soluciones temporales. No arreglan el problema de raíz para que no vuelva a pasar.
Ahora que se está hablando de una nueva Constitución —en la que ya trabaja la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), creada por el presidente José Raúl Mulino y coordinada por el Dr. Miguel A. Bernal— sugiero que ahí mismo creemos un Tribunal Constitucional separado de la CSJ. Su única misión sería proteger la Constitución, como ya se hace en países como Colombia, Ecuador, Perú, España y Alemania. Es un sistema que busca un control más especializado e imparcial.
Y no solo pensemos en crearlo, sino en cómo elegir a sus magistrados. Yo creo que debería elegirlos la gente directamente, en una votación, de manera que no deban favores a ningún partido político ni al presidente de turno. Esta idea, por cierto, la propuso el gran jurista Hans Kelsen.
Además, estos magistrados deberían ser personas éticas, independientes de criterio, que busquen el bien común con solidaridad y que tengan un compromiso real de servicio al país, y no de servirse a sí mismos.
Y ya que estamos en eso, en esa nueva Constitución deberíamos incluir la figura de la “tutela judicial” para que los derechos humanos se respeten verdaderamente.
Panamá se merece esta oportunidad, que consolidará las bases de nuestra Nación.
La autora es abogada y máster en Derecho Procesal.
