Pudiésemos empezar comparando si, en temas de servicios básicos como electricidad, agua, telefonía o cable, existen tarifas diferenciadas o más económicas por región o área geográfica del país.
La respuesta será que no las hay, salvo diferencias entre planes de servicio.
Por ejemplo, el costo de una tarjeta de telefonía móvil es igual en San Lorenzo, en Santa Fe o en San Miguelito; la factura de luz por consumo es la misma en David (región 1 de salario mínimo) que en San Francisco (región 2 de salario mínimo). Y, yendo más allá, no existe un costo de la canasta básica familiar de alimentos ni un índice de precios dividido por región. Es más: de acuerdo con datos científicos del INEC o del MEF, mientras más alejado está un distrito de la ciudad capital o de las cabeceras de provincia, más costosa resulta ser la CBFA y otros servicios como el combustible o el gas licuado.
En nuestro orden jurídico, el salario mínimo varía por actividad económica y región, con una tasa por hora fijada mediante decreto ejecutivo, que debe ser multiplicada por las horas semanales laboradas —de acuerdo con la jornada de 40, 45 o 48 horas— por 4.333. El resultado de esta operación es el salario fijo mensual establecido legalmente.
La Comisión Nacional —compuesta por el sector empleador, trabajador y el gobierno— fija de común acuerdo, o por decisión del Ejecutivo cuando no hay consenso, los mínimos por hora para cada actividad económica y región, que regirán por los dos años subsiguientes.
El promedio salarial en Panamá es de $636.80; siendo el más alto el de los tripulantes de cabina ($4.95 por hora) y el más bajo el de los trabajadores agrícolas ($1.64 por hora), según la última revisión realizada en diciembre de 2023 y vigente de enero de 2024 a diciembre de 2025. He aquí la primera distorsión: más de 90 actividades económicas y dos regiones con salarios diferenciados.
Sin embargo, atendiendo esta distorsión, en julio de 2009 dimos un paso importante y trascendental como país al eliminar la tercera región, quedando solo dos regiones: Panamá, Colón y San Miguelito en la región 1; y el resto de los distritos del país en la región 2. Para aquel entonces, solo tres distritos formaban parte de la región 1 de salario mínimo.
En las revisiones subsiguientes (2010, 2012, 2014, 2016, 2018) se incluyeron nuevos distritos a la región 1, y con la última revisión de 2023 vigente, ya son 40 distritos los que forman parte de la región 1.
De igual forma, y atendiendo la tendencia mundial y las recomendaciones de la OIT en 2017, Panamá dio otro paso trascendental al unificar un salario mínimo nacional para 52 actividades económicas, quedando aún por unificar 39 actividades que mantienen salarios distintos según la región donde se desempeñe la ocupación.
Así, por ejemplo, en las últimas revisiones —destacando las de 2017 y 2023— se logró unificar un solo salario nacional para trabajadores de:bancos y financieras, arrendadoras de autos, agencias de seguridad, servicios de transporte, casinos, actividades de juegos de azar, discotecas, bares y cantinas, información y comunicación, entre otras actividades económicas.No ocurrió lo mismo con supermercados, zonas francas, zonas económicas especiales, estaciones de combustible, compañías de reparación y mantenimiento, y refrigeración, entre otros sectores.
Aunque hemos escuchado voces en contra de unificar los salarios en una sola región, no debe perderse de vista que Panamá ya eliminó la región 3 en 2009 y unificó 52 actividades económicas en 2017 y 2023. A esto se suma que la OIT, en reiterados informes, ha recomendado a los países miembros replicar modelos exitosos que reducen la variación del IPC y otros indicadores macroeconómicos frente a ajustes salariales porcentuales bajos.
Por lo anterior, considero que la Comisión Nacional de Salario Mínimo debe avanzar en una discusión objetiva y justa, basada en indicadores y datos científicos que sugieren minimizar la inequidad salarial, y dar el paso hacia una sola región de salario mínimo o, en su defecto, hacia la unificación salarial de más actividades económicas.
El autor es exministro de Trabajo y Desarrollo Laboral.
