La crisis del suelo agrícola en la provincia de Herrera no es únicamente un problema técnico, sino una manifestación profunda de un modelo de desarrollo que ha relegado el campo a un segundo plano frente a la expansión urbana, la ganadería extensiva y las actividades extractivas. Comunidades como San José de Los Pozos, Los Cerritos, Los Llanitos de los Bultrones y Las Sabanetas sintetizan con claridad esta tensión: un territorio históricamente agrícola que hoy resiste el deterioro progresivo de su capacidad productiva, atrapado entre la herencia campesina y un ordenamiento territorial que ha ignorado la vocación real de la tierra.
Los suelos del Arco Seco panameño enfrentan severas limitaciones de uso; una crisis agrológica de la que la provincia de Herrera no es ajena. No obstante, allí persiste la resistencia silenciosa de sus productores, quienes, entre el rigor del sol y el fango del invierno, permanecen aferrados a una tierra herida que exige reconocimiento a su dignidad y esfuerzo. Sin embargo, esta realidad presenta una fragilidad extrema, ya que estos predios forman parte del epicentro del conflicto de uso en Herrera, donde la gran mayoría de los productores son de subsistencia y trabajan terrenos con altas pendientes y superficies de Clase VI y VII.
Frente a este escenario, resulta indispensable replantear el uso de la tierra desde un enfoque técnico, ambiental y social. La clasificación agrológica debe convertirse en el eje rector de la planificación territorial, estableciendo con claridad qué actividades son compatibles con cada tipo de suelo y cuáles deben restringirse o prohibirse. Las tierras de alta capacidad agrícola deben destinarse exclusivamente a la producción de alimentos, con prácticas de conservación y tecnificación que garanticen su productividad a largo plazo. En contraste, los suelos de baja capacidad o con pendientes pronunciadas deben orientarse hacia la reforestación, la agroforestería y la protección de fuentes hídricas, abandonando definitivamente la lógica de explotación intensiva.
Uno de los conflictos más críticos surge cuando tierras con valor agrícola o ambiental coinciden con yacimientos minerales. En estos casos, la planificación territorial debe partir de un principio fundamental: la agricultura es una actividad renovable y estratégica para la seguridad alimentaria, mientras que la minería es finita y de alto impacto. Por ello, la explotación minera debe estar estrictamente prohibida en suelos agrícolas de máxima productividad y solo considerarse, bajo condiciones excepcionales, en tierras de capacidad media o baja, acompañada de planes obligatorios de restauración, compensación agrológica y monitoreo ambiental.
Las soluciones pasan también por un cambio en el enfoque institucional. Es urgente avanzar hacia una legislación que obligue a incorporar la capacidad agrológica en el catastro nacional, limite los cambios de uso del suelo sin sustento técnico y establezca incentivos claros para quienes adopten prácticas sostenibles. Programas de pago por servicios ambientales, subsidios para la reforestación y apoyo técnico a pequeños productores pueden transformar al campesino en aliado clave de la conservación, en lugar de responsabilizarlo por una degradación que responde a fallas estructurales del sistema.
La planificación futura de la provincia de Herrera resulta inviable si se permite la destrucción de quienes, desde el trabajo silencioso del campo, sostienen la producción de alimentos y la identidad rural. La resistencia de sus productores evidencia un vínculo profundo entre la tierra y la herencia campesina, que el ordenamiento territorial debe reconocer y proteger. Este desafío exige políticas coherentes que salvaguarden el suelo, el agua y la capacidad productiva, entendiendo que decidir el uso de la tierra no es solo un asunto técnico, sino una decisión ética sobre el modelo de desarrollo y de país que se desea construir.
El autor es estudiante de la Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Panamá.
