El engaño tiene precio, pero en Panamá, hasta ahora, ha salido gratis. Imagine la escena: usted invierte su vida, sus ahorros y, sobre todo, su corazón en criar a un hijo. Pasan los años y, de pronto, la verdad le estalla en la cara: no es su hijo. Todo fue una farsa. Este drama no es una trama de Netflix; es la realidad de los “hijos de la mentira”, un fraude que hoy camina impune por nuestras calles. Aquí no solo se vacían cuentas bancarias con pensiones injustas; se destroza la identidad de un niño y la dignidad de un hombre. Es una canallada legal que, por fin, alguien se atreve a frenar.
Llevamos una década con el péndulo de la justicia inclinado hacia un solo lado. Las leyes y campañas por los derechos de las mujeres han hecho lo suyo contra la violencia y la discriminación, y qué bueno. Pero en ese camino, el hombre ha quedado desprotegido, como si la justicia tuviera género. Los derechos humanos no eligen bando. En Panamá, nos hemos acostumbrado a leyes teñidas de agendas ideológicas que prefieren la política a la equidad. Error. La verdad biológica no es de izquierda ni de derecha: es un derecho humano fundamental. Punto.
La propuesta del diputado Jairo “Bolota” Salazar con el Proyecto de Ley 510 (antes Anteproyecto 333) es el golpe de timón que faltaba. No es un ataque contra las mujeres; es un blindaje contra la mentira. La propuesta busca castigar con hasta cinco años de cárcel o multas severas a quien, a sabiendas, adjudique una paternidad falsa. El pasado 11 de marzo de 2026, la Comisión de Gobierno le dio el visto bueno por unanimidad en primer debate. Con esta iniciativa legislativa se busca llenar un vacío legal que ha permitido injusticias silenciosas durante décadas.
“En el mundo de los negocios, un fraude de esta magnitud se paga con cárcel; en la familia, ya es hora de que la mentira deje de ser gratuita”.
Veámoslo con frialdad: el Código Penal ya persigue a quien falsifica una firma o comete una estafa en un negocio. ¿Por qué permitimos entonces el fraude en lo más sagrado, que es la familia? Una paternidad falsa es un atentado contra la fe pública. Éticamente, el argumento es contundente: se le roba al hombre su patrimonio y se le entrega al niño una identidad de cartón. Exigir pruebas de ADN preventivas no es desconfianza; es transparencia. En el mundo de los negocios, si un socio le miente sobre el origen de los fondos, usted lo demanda. En la familia, pilar de nuestra sociedad, la honestidad debería ser el requisito mínimo, no una opción.
Panamá no está inventando el agua tibia. En Estados Unidos, mentir en estos documentos puede llevar a prisión por perjurio. En México se impulsan penas similares y en España los tribunales ya obligan a indemnizar el daño moral. Nos estamos sumando, tarde pero seguro, a una tendencia global de equidad real.
Apoyar esta ley no es ir en contra de las madres solteras ni de la estructura familiar. Al contrario, es sanear el sistema. Es decir alto y claro que nadie tiene derecho a construir una vida sobre una mentira. La justicia debe ser ciega, pero no puede ser tonta. Legisladores, no den más vueltas: aprueben esta ley por la verdad, por las familias y por el futuro de un Panamá que respete a todos por igual.
El autor es empresario y comunicador.
