Hay una sencilla técnica en liderazgo y negociación que deberíamos aplicar más en el debate nacional: reemplazar el “sí, pero” por el “sí, y”.
Veamos un ejemplo: “Tienes razón, pero aquí no funciona”. Esa fórmula rechaza y desconoce los méritos del argumento de la contraparte, enfocándose en una falsa dicotomía en la que parecería existir un solo punto válido.
En cambio, si reformulamos: “Tienes razón, y para aplicarlo de manera efectiva aquí debemos cambiar A, B y C”, en lugar de irnos a la confrontación, se reconoce el punto de vista del otro sin sacrificar los matices de un tema complejo.
Tradicionalmente, la política nos lleva al enfrentamiento de posturas cuando debería propiciar intercambio de ideas para construir consensos con una agenda país. La manera en que transformaremos el debate nacional en diálogo nacional es reemplazando el “por qué no” por el “cómo sí”.
En la reciente encuesta de CID Gallup se muestra que el 55% de la población estaría a favor de reabrir la mina en lugar de mantenerla cerrada, y 61% considera que el impacto de reabrirla sería positivo. Este cambio en la percepción pública obedece al aumento del desempleo y del costo de la vida.
Estos problemas aparecen entre las principales preocupaciones del país, por encima de la corrupción, la inseguridad y la escasez de agua. En la misma encuesta, la minería es considerada entre las tres industrias estratégicas para el desarrollo y generación de empleos, junto con el Canal y la construcción.
Por supuesto, quienes se oponen al proyecto reiteran que sus reparos se centran en consideraciones ambientales y en la falta de transparencia institucional. Esas preocupaciones no deben ignorarse. Al contrario, es allí donde debe producirse el giro en la discusión:
¿Cómo reabrir la mina para generar empleos y desarrollo económico, mientras se fortalecen mecanismos de transparencia institucional y confianza en los controles ambientales?
Primero, los aportes de la mina deben traducirse en obras que contribuyan al desarrollo de las comunidades, con inversiones tangibles en salud, educación, agua y preservación ambiental. El grave error de la administración anterior fue usar esos aportes para cubrir déficits de un gobierno sin disciplina fiscal.
En esta ocasión, podrían mirarse modelos como el de Perú, donde parte de los ingresos mineros se canaliza hacia inversión local, en lugar de perderse en el hoyo negro de las finanzas nacionales.
Segundo, necesitamos una política de Estado basada en hechos y no en consignas. Según un estudio del CONEP, el cese de operaciones de la mina ha generado una pérdida diaria de B/.8.7 millones. Se estiman, además, B/.179 millones en aportes a la CSS, B/.902 millones en recaudación fiscal y B/.1,992 millones en consumo final de los hogares.
El 75% de los proveedores locales eran mipymes, unas 1,500 empresas que generaban cerca de 30,000 empleos indirectos. El salario promedio en la mina es el doble de la mediana nacional, y sustituir el aporte al PIB que generaba esa actividad tomaría, en algunos casos, décadas.
Finalmente, desarrollo económico y preservación ambiental no son ideas antagónicas entre las que haya que elegir. Los países que hoy lideran la transición energética aprovecharon sus recursos naturales para impulsar su modernización productiva. Al mismo tiempo, algunos de los países con mayores índices de libertad económica registran también altos estándares ambientales.
Encontrar equilibrio no es llegar a puntos medios ni ceder a soluciones subóptimas. Empieza por replantear la conversación, no desde el “por qué no”, sino desde el “cómo sí”.
El autor es economista.
