Hoy por Hoy

El Gobierno se ha comprometido a hacer una revisión de los gastos que privilegian algunos altos cargos de la administración pública, a fin de explorar la posibilidad de una reducción o su eliminación. Estas acciones debieron haberse hecho desde el inicio de la pandemia, al igual que debió haberse previsto un programa progresivo de despidos de servidores públicos, en especial, los que tienen claros indicios de ser compromisos políticos; los contratos eventuales; asesorías innecesarias, y muchos otros cargos –que incluyen los famosos promotores culturales y deportivos– que drenan importantes fondos públicos. Pero ha tenido que ser la presión pública la que ha obligado a los jerarcas de esta administración a hacer algo sobre el tema de los viajes, viáticos, dietas y otros gastos, con el fin de ahorrar y acabar con las castas gubernamentales y, aunque poco se logrará, al menos es un punto de inicio. En cuanto a las otras exigencias que hacían los grupos de la mesa única, se hace necesario hacer reformas a la Constitución, pues, hábilmente, los partidos políticos han blindado los fondos que reciben del Estado, a fin de que sean inamovibles. Es urgente hacer los cambios en esta materia y muchos más que se prestan para el abuso.