Hoy por hoy

Mientras los diputados de la Asamblea Nacional se muestran indiferentes al pedido del Ejecutivo para derogar la ley de créditos fiscales al turismo en el interior del país, a la Corte llegó una demanda para que se declare inconstitucional la norma aprobada en junio pasado, que reconoce estos incentivos, al igual que lo fue la primera versión de esa legislación, sancionada en 2019. Es evidente que el Gobierno tiene una agenda política con la que intenta favorecer a empresarios de la industria turística, empleando leyes que privilegian estas actividades y sus empresarios por encima del resto. Todo ello, en detrimento del fisco nacional, porque es dinero que dejará de entrar al Tesoro Nacional. Si estas leyes no establecen privilegios, entonces, ¿qué son? Razón tiene el demandante en impugnar la ley, pues está muy claro que se están estableciendo prebendas, sin contar el hecho de que la iniciativa pareciera una contraprestación a favor de los más encopetados donantes de campaña. La Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra sobre esta cuestionable ley, surgida de oscuros arreglos de recámara, con el único fin de esquilmar recursos necesarios –ahora más que nunca– para el país.