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El plan de retiro voluntario –parte de las medidas de austeridad que pretende adoptar el Gobierno tras comprometerse en el diálogo único– no parece que irá más allá de la idea. En la práctica, probablemente no reclute ni a un tercio de los que buscan en un segmento del funcionariado al que está apostando: los 40 mil jubilados o próximos a jubilarse, que siguen en el servicio público. En primer lugar, hay funcionarios que –pese a su deseo de jubilarse– deben seguir laborando, para hacer frente al alto costo de la vida; en segundo lugar, ¿olvida el Gobierno que el programa que paga las jubilaciones de la Caja de Seguro Social está a punto de irse a la quiebra? ¿Quién, con sano juicio, dará un salto al abismo? En el pasado, los gobiernos han tratado de llegar a estos mismos arreglos, pero con poco éxito. Y mientras esto sucede en el Ejecutivo, en el Legislativo se están aprobando leyes que van mucho más allá que jugosos incentivos para funcionarios en la misma situación. Todo en medio de una crisis económica que requiere de préstamos para pagar la planilla, que paradójicamente sigue creciendo y no por arte de magia. Cero sentido de la oportunidad.

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