El tema de los incentivos fiscales que promueven el Legislativo y el Ejecutivo para proyectos turísticos, en los que el Estado renuncia al cobro de impuestos a favor de empresas e inmobiliarias, sigue empeorando, a tal punto que una reforma a la Ley 122 de 2019 que permite el 100% de la exoneración fiscal, ha sido rechazada por prominentes profesionales y políticos –incluidas prestantes figuras que trabajaron y/o son miembros del PRD– y solicitaron al presidente que la vete. La razón es que se protegen los créditos fiscales a favor de un grupito de inversionistas, que oscilan entre el 60% y el 100% del monto de sus inversiones en proyectos turísticos. Ello equivale, según los quejosos, a que “los ciudadanos, sufraguemos el costo de las inversiones turísticas que estos lleven a cabo”, teniendo como beneficiarios solo a ellos. Y aunque estos profesionales definen esto como un “abuso”, lo cierto es que esto es la legalización de un abierto y descarado despojo al Estado. Esos empresarios se ahorrarán cientos de millones de dólares, gracias a la generosidad de inescrupulosos políticos que, seguramente, están devolviendo –con desproporcionados intereses– lo que algunos de ellos “invirtieron” para facilitarles llegar al poder.