Hoy por hoy

Queda claro que las campañas de difamación contra nuestros periodistas, acompañadas de amenazas injustificadas del Gobierno, persiguen la autocensura y amedrentar. Esta administración se autodefine como respetuosa de la libertad de expresión, pero sus acciones no van acordes. Si a ello le agregamos que es costumbre de sus funcionarios premiar con publicidad a los medios amigos y castigar a los independientes porque son críticos de su gestión, el resultado es que su discurso es tan hueco como muchas de sus promesas incumplidas. El colmo es que el vicepresidente niega su participación en las campañas de difamación y en la inspección del Mitradel a este medio, tras recibir un cuestionario de periodistas de La Prensa para obtener su versión para próximos reportajes. Y, además, una ministra de Trabajo que, frente al hecho, se hace la desentendida. Así las cosas, uno no puede menos que preguntarse si los call center del Gobierno y los inspectores de trabajo actúan por cuenta propia, pues nadie responde por sus acciones. Esta es una de las situaciones en las que los funcionarios prefieren pedir perdón – y enviar el mensaje– que pedir permiso. Ni los militares eran tan grotescos al mentir.