Hoy por hoy

Decir lo que se piensa o publicar lo que se investiga puede tener un alto costo en Panamá y esto tiene consecuencias directas en la libertad de expresión. Las leyes existentes son un campo minado para los medios y ciudadanos que exigen mayor transparencia en la administración pública. Pero, si los que hacen las leyes son los primeros en facilitar la opacidad, solo podemos esperar que la libertad de expresión se convierta en una cada vez más lejana quimera. Las leyes existentes permiten el secuestro de los bienes de un medio escrito; los diputados hacen todo a su alcance para obstaculizar el trabajo de todo medio que no les sonría o los complazca; jueces que condenan a periodistas por hacer su trabajo. Pero los ciudadanos no vemos a un solo funcionario preso por ladrón –y eso abunda, a pesar de que está corroborado el despojo–, a ninguno investigan, salvo para ponerlo fuera del alcance de la ley; a ninguno le quitan lo robado y, encima de todo, se niegan a endurecer las leyes para disuadir y sancionar. Por el contrario, mediante la ley, legalizan lo ilegal y se blindan para mantener intacta su impunidad. Poco hay que celebrar hoy, el Día Internacional de la Libertad de Prensa, y sí mucho que lamentar.