Hoy por Hoy

La actual administración insiste en emascular a la Contraloría General de la República, promoviendo leyes que debilitan sus vitales funciones. Ahora está en ciernes un proyecto de ley —que debe vetar o sancionar el presidente de la República— aprobado a toda prisa por la Asamblea Nacional. Se trata de una norma que permitiría unilateralmente al contralor aprobar o archivar auditorías forenses, incluidas investigaciones, impidiendo que un juez tome esta decisión. En otras palabras, el contralor tendrá cuasi funciones judiciales. Y no es poca cosa el poder que le concede este proyecto de ley al contralor, cargo que actualmente ostenta una persona que se ha caracterizado por evitar cualquier tipo de investigación o cuestionamiento sobre el uso de los dineros estatales. Los informes de auditoría sirven de base para los procesos penales por presunta corrupción y blanqueo de capitales (entre otros delitos) en los juzgados ordinarios y en la Corte Suprema de Justicia. La costumbre nos revela que hay mucho de discrecionalidad en este tipo de decisiones, por lo que la labor de esta institución (presuntamente) fiscalizadora se verá gravemente debilitada, en especial si el cargo de contralor lo ocupa un perfecto títere.