Hoy por hoy

El actual encargado de la Contraloría General –si es que alguna vez ha estado a cargo– no ha hecho otra cosa que proteger a los implicados en cada escándalo denunciado en los medios. El contralor, como buen copartidario, ha extendido su manto protector, sin importarle pisotear el buen nombre de la institución o hacer pedazos la institucionalidad que representa. Su misión es servir de escudo. La Fiscalía de Cuentas le recordó que puede investigar la asignación de los auxilios económicos otorgados a hijos de figuras políticas, pero no lo hizo. Ahora –tras una carta enviada por un abogado que recomienda no refrendar las asistencias económicas asignadas para uso discrecional a cargos de elección popular– el contralor, una vez más, se mantiene al margen. Afirmó que, “de existir razones de índole legal o económica que sustentan la negativa al refrendo de las asistencias económicas a las que se refiere, la Contraloría actuará en consecuencia”. Es decir, nada ha visto como para tomar esa decisión. En lo único en que tiene razón es que el Tribunal Electoral debería involucrarse, pues esas becas se usan con fines políticos. Y, pese a estar claro en el mal uso de esos fondos, el contralor refrenda. ¿Se puede ser más displicente?