Hoy por Hoy

El hecho de que el Municipio de San Miguelito haya llegado a un acuerdo de pago por las cuotas obrero patronal que dejó de honrar ante la Caja de Seguro Social (CSS) no resarce el daño que se cometió contra los asegurados, al negarle su derecho de recibir atención médica y medicinal de manera oportuna. Ese municipio retuvo las cuotas de sus funcionarios, pero no las pagó a la CSS y eso, en el sector privado constituye un delito que se castiga con cárcel. Entonces, ¿por qué no se hace lo mismo con el sector público? La ley debe ser modificada para tener alcance sobre esas autoridades que toman el dinero de sus funcionarios para gastarlo quién sabe en qué cosa. No debemos olvidar que cuando se elabora el presupuesto anual de funcionamiento cada institución, se calculan los salarios de los empleados permanentes, los cuales deben ser completos, es decir, que además del impuesto sobre la renta, también se calculan las cuotas que hay que remitir a la CSS. Pero el alcalde de San Miguelito parece haber dispuesto este dinero para otros fines, perjudicando a los funcionarios que trabajan para él. Lo que se ha hecho no es más que una sinvergüenzura, que merece un castigo, aunque sea en la forma del repudio y la censura.