Hoy por Hoy

Dada la gran cantidad de concesiones que existen de minería no metálica (arena, piedra, tosca, etc.), el país debería estar mejor preparado, ya que muchas veces, la extracción de estos materiales se convierte en un problema ambiental. Ello, sin contar que, en muchos casos, las concesiones de este tipo se obtienen con tráfico de influencias. No es raro que la explotación de estos recursos se haga sin supervisión ni inspecciones y lo que obtiene el Estado a cambio es hasta ridículo, considerando el daño ecológico que producen empresas inescrupulosas que agotan los recursos sin importar las consecuencias, porque, precisamente, falta supervisión gubernamental o porque quienes abusan son políticos o allegados y, en consecuencia, no hay castigo. El Ministerio de Ambiente, la Dirección de Recursos Minerales y la Asamblea Nacional deberían acordar leyes más estrictas de supervisión y modificar lo que recibe el Estado, pues es evidente que el resarcimiento para la colectividad es insignificante. Si la política del Gobierno es que Panamá debe recibir un trato justo en lo referente a la minería metálica, también debería serlo para la no metálica, porque en ambos casos hay arbitrariedades, en especial por el amiguismo.